La creación de la ‘Liga Ellas’ como la nueva entidad organizadora de la competición de fútbol femenino por parte del Consejo Superior de Deportes y los clubes que ya juegan a nivel nacional es el primer paso para empezar a comercializar los derechos audiovisuales que esta competición genera y que, hasta el momento, estaban bloqueados por la guerra jurídica y burocrática entre los clubes profesionales (LaLiga) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La operación supone darle el carácter de profesional a los partidos entre clubes femeninos, con lo que cabe esperar que el desarrollo legislativo posterior sobre su funcionamiento permita que los derechos de emisión televisiva de los partidos se adjudiquen a la entidad recién creada por real decreto-ley, de la misma manera que lo hace LaLiga con la Primera y Segunda División desde el año 2015.
Hasta el momento, la RFEF había establecido su competencia directa sobre esos derechos audiovisuales del fútbol femenino por entender que así lo reconocía el reglamento que regula su funcionamiento, algo que había sido puesto en duda en varias ocasiones por algunos de los grandes clubes profesionales de LaLiga y cuya resolución está aún por dilucidad. De hecho, se trata de una de las cuestiones que en la actualidad tiene sobre la mesa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene previsto resolver lo antes posible.
Fuentes cercanas a ese proceso aseguran que el real decreto de 2015 contempla que, en general, “la titularidad de los derechos audiovisuales de retransmisión en directo y/o diferido, en su integridad o en versiones resumidas y/o fragmentadas de los encuentros de las competiciones de fútbol profesional se atribuye a los clubes o entidades participantes”, de forma que esperan una resolución de la CNMC que evite que la RFEF se arrogue el derecho a explotarlos aunque se trate de actividades no profesionales. Ese argumento coge aún más fuerza ahora si tenemos en cuenta que ya se ha creado la entidad comercializadora a la que pueden ser adjudicados, como se hace con LaLiga y el fútbol profesional. El mismo bloqueo que hay en la comercialización del fútbol femenino por el enfrentamiento entre clubes y Federación se da en la Segunda B y la Tercera División, toda vez que todavía no son consideradas competiciones profesionales.
Desde al ámbito político se hace notar, además, que la presentación de la nueva ‘Liga Ellas’, que realizó el pasado jueves la todavía presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, junto con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, cuenta con todo el apoyo del Ejecutivo para desarrollar a partir de ahora los cambios que sean necesarios para evitar discriminaciones y colocar poco a poco al fútbol femenino a la misma altura que el masculino, por más que el valor de mercado que puedan alcanzar los derechos televisivos en liza a la hora de buscar patrocinadores de la competición no lleguen al actual nivel de la Primera y la Segunda, por una simple cuestión de mercado.
Un calvario legal hasta la nueva Ley
Se trata de una de las últimas actuaciones de Irene Lozano antes de incorporarse a la lista del socialista Ángel Gabilondo para las elecciones de Madrid, si bien desde el ámbito jurídico recuerdan que, para lograr que la primera temporada como profesionales de los equipos femeninos sea la que viene (2021-2022), como está previsto, harán falta una serie de cambios legislativos que no será fácil superar. En primer lugar, expertos en derecho deportivo recuerdan que la actual Ley del Deporte establece que para que una práctica se convierta en profesional, debe ser su federación quien lo proponga, algo no será fácil si tenemos en cuenta las malas relaciones que han quedado entre la RFEF con el CSD y el eterno enfrentamiento que tiene con los clubes en LaLiga.
La normativa actual también obliga a que los clubes que pretendan hacer valer sus derechos audiovisuales a través de la comercialización conjunta de un organismo como el que se ha creado, deben configurarse primero como sociedades anónimas deportivas (SAD), algo que se estableció ya en la normativa en la década de los noventa. El argumento que justifica esa decisión es, precisamente, darle un valor económico a la competición de forma que los posibles patrocinadores puedan ver con más claridad el retorno de sus inversiones. “Si van a poner su dinero en la actividad de unos clubes sin una solvencia garantizada por ley o una estructura de capital definida, serán más reacios a la hora de aceptar según qué precios”, señalan las fuentes consultadas conocedoras de este tipo de negocios.
Una vez que todas estas dudas sean solventadas y se conozca la postura de la CNMC sobre la RFEF, será cuando se pueda legislar, como hace el real decreto-ley de 2015, para adjudicar a la ‘Liga Ellas’ los derechos audiovisuales de la competición femenina. En la actualidad se está ultimando la nueva Ley del Deporte (está en proyecto de ley), en cuyas disposiciones también puede solventarse algunas de estas cuestiones legales. Cabe la opción de eliminar la obligación legal de que sea la RFEF quien pida la conversión legal a profesional de la competición femenina, incluso se puede eximir a los clubes de convertirse en SAD, si bien esta última opción puede afectar a la capacidad para ser comercializado. “Lo del fútbol femenino no es solo un problema de desigualdad, es también una cuestión de gestión y de mercado que no se puede dejar atrás”, advierten desde el ámbito jurídico.
Una de las claves de todo el proceso va a estar en el nombramiento del nuevo o nueva responsable del Consejo Superior de Deportes, tras la salida de Irene Lozano, y del apoyo político que tenga en esta iniciativa de convertir a la competición femenina de fútbol y de otras disciplinas en un “modelo de negocio, que puede servir para mejorar las condiciones laborales de las jugadoras, la financiación de su actividad y la cobertura de sus necesidades de todo tipo, además del reconocimiento profesional que merecen”, señalan fuentes del ámbito político deportivo.
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