Por un lado, la Asociación Campesina del Catatumbo ha denunciado que ha sido declarada objetivo militar por parte del Clan Úsuga, que ha acusado a sus miembros de ser "comunistas guerrilleros" que pretenden "a través del proceso de paz afianzarse en Norte de Santander".
El dirigente de la asociación, Juan Quintero, recibió un mensaje este martes firmado por 'Los Urabeños' --como se denomina el Clan Úsuga en la zona-- en el que lo acusan a él y a sus compañeros de ser integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Por su parte, la organización Juventud Rebelde Colombia ha denunciado amenazas contra su secretario político en Norte de Santander, Guillermo Quintero, y contra el secretario de Relaciones Internacionales del organismo en la misma zona, Junior Alexander Maldonado, así como a otros integrantes.
"Cabe resaltar que Junior Maldonado, Guillermo Quintero, el dirigente campesino Juan Quintero y la representante Judith Maldonado han sido en menos de un año víctimas de amenaza por su compromiso constante con la paz", ha señalado la organización, que moviliza a los jóvenes de diferentes zonas del país por la movilización social de la paz en Colombia.
Juventud Rebelde Colombia ha denunciado, además, que la región del Catacumbo ha sido una "de las más golpeadas por la oleada paramilitar" desde finales de los noventa. "Actualmente subsisten rezagos de estos grupos armados, enemigos de la paz, por cuanto nuestros compañeros son blanco de estas amenazas", han denunciado.
En este contexto, el grupo ha rechazado "estos actos de amenaza y estigmatización" contra los miembros de la organización, contra los defensores de los Derechos Humanos y demás líderes sociales.
Asimismo, han exigido al Gobierno de Juan Manuel Santos, así como a la gobernación de Norte de Santander, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía que realicen "todas las acciones pertinentes para garantizar y hacer respetar los Derechos Humanos consagrados en todos los tratados internacionales ratificados por Colombia y a realizar las investigaciones pertinencias para esclarecer los hechos, buscar responsables y establecer las sanciones".
Por último, han afirmado que toda responsabilidad por "cualquier amenaza de hecho o acción de cualquier tipo que violente la vida e integridad física y psicológica, seguridad y movilidad" de los líderes sociales recaerá sobre las autoridades competentes de garantizar la seguridad de cada ciudadano".
La tendencia en la cifra de asesinatos entre líderes sociales en Colombia en lo que va de año es significativa y preocupante. Desde que arrancó 2017, cerca de 30 activistas, gran parte de ellos líderes campesinos y defensores del Medio Ambiente, han sido asesinados por hombres armados no identificados.
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