MILICIAS IRAQUÍES QUE LUCHAN CONTRA DAESH MATAN CON ARMAS DE EEUU, EUROPA, RUSIA E IRÁN, SEGÚN AMNISTÍA

- La organización de derechos humanos pide acabar con esas “transferencias irresponsables” de armas por fomentar crímenes de guerra. Las milicias paramilitares que combaten integradas en las fuerzas armadas de Iraq contra el grupo armado Daesh (autodenominado Estado Islámico) utilizan armas de arsenales militares iraquíes suministradas por Estados Unidos, Europa, Rusia e Irán para cometer crímenes de guerra, ataques de venganza y otras atrocidades, según denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe hecho público este jueves, en el que reclama acabar con esas "transferencias irresponsables" por fomentar crímenes de guerra.
El informe, titulado ‘Iraq: mirar para otro lado. La provisión de armamento a las Unidades de Movilización Popular’, ha sido elaborado con investigaciones sobre el terreno y detallados análisis periciales de datos fotográficos y de vídeo elaborados desde junio de 2014, que han permitido determinar que esas milicias paramilitares aliadas con el Gobierno iraquí se han beneficiado de transferencias de armas fabricadas en al menos 16 países, entre ellas tanques, artillería y una amplia variedad de armas pequeñas (una mezcla ecléctica que incluye fusiles automáticos M-16 y Kalashnikov estándar, ametralladoras, pistolas y fusiles de francotirador).
Amnistía indica que las milicias, predominantemente chiíes, han utilizado más de 100 tipos de armas para facilitar la desaparición forzada o secuestro de miles de hombres y niños, en su mayoría suníes, así como tortura y destrucción gratuita de bienes.
Patrick Wilcken, investigador de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, señala que “los proveedores internacionales de armas, como Estados Unidos, diversos países europeos, Rusia e Irán, deben darse cuenta de que con todas las transferencias de armas a Iraq se corre un riesgo real de que acaben en manos de milicias con un largo historial de violaciones de derechos humanos”.
“Todo Estado que venda armas a Iraq tiene que demostrar que se aplican medidas estrictas para garantizar que no son utilizadas por las milicias paramilitares para violar flagrantemente derechos. Si no lo hace no debe efectuarse ninguna transferencia”, añade.
Las Unidades de Movilización Popular, compuestas por 40 o 50 milicias distintas, se establecieron a mediados de 2014 para ayudar a combatir a Daes. En 2016 quedaron integradas formalmente en las fuerzas armadas iraquíes, pero recibían apoyo del Gobierno desde mucho antes.
MÁS PODER DESDE 2014
El informe de Amnistía Internacional está centrado en cuatro milicias principales que, según esta organización, han cometido violaciones graves de derechos humanos: Munathamat Badr (‘Brigadas Badr’ u ‘Organización Badr’), Asaib Ahl al Haq (‘Liga de los Justos’), Kataib Hizbullah (‘Brigadas de Hezbolá’) y Saraya al Salam (‘Brigadas de la Paz’).
La investigación revela que las milicias de las Unidades de Movilización Popular han adquirido mayor poder e influencia desde 2014. Reciben armas y salarios de las autoridades iraquíes y entran cada vez más en combate o toman el mando de puestos de control junto con las tropas iraquíes.
Al amparo de la aprobación oficial del Gobierno, algunas de esas milicias han llevado a cabo ataques de venganza por atendados de Daesh, principalmente contra árabes suníes, sin que nadie les haga rendir cuentas, y otras violaciones sistemáticas del derecho internacional, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, y tortura de miles de hombres y niños árabes suníes
Wilcken indicó que “las autoridades iraquíes han ayudado a armar y equipar a las milicias de las Unidades de Movilización Popular y les pagan sus salarios. Tienen que dejar de hacer oídos sordos a estas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos sistemáticamente”.
“Todo miliciano que combata hombro con hombro con el ejército iraquí debe ser objeto de exhaustivo y riguroso control. Los que puedan haber cometido graves violaciones de derechos humanos deben ser apartados de sus unidades mientras se llevan a cabo investigaciones judiciales y procesamientos. Las milicias indisciplinadas y que no rindan cuentas deben someterse al control y la disciplina de las fuerzas armadas o ser, si no, desarmadas y desmovilizadas completamente”, apostilló.
Las autoridades iraquíes se enfrentan en materia de seguridad a tremendas amenazas del Estado Islámico, que continúa cometiendo atrocidades en las zonas bajo su control y llevando a cabo mortales atentados contra civiles en otras partes de Iraq, pero Amnistía Internacional subraya que “las medidas adoptadas para responder a estas amenazas deben respetar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”.
Por ello, Amnistía insta a Iraq a adherirse de inmediato al Tratado sobre el Comercio de Armas, instrumento internacional donde se establecen normas estrictas para detener las transferencias y el desvío de armas que puedan fomentar la comisión de atrocidades. “Las autoridades iraquíes deben adoptar medidas estrictas para garantizar que los arsenales están seguros y controlados”, apunta Wilcken.
EL PAPEL DE ESPAÑA
Por otro lado, Amnistía Internacional subraya que, según datos oficiales, las exportaciones de armas a Iraq realizadas por España entre 2015 y el primer semestre de 2016 superaron los 111 millones de euros, de los que más de la mitad (61,2 millones) fueron por granadas de mortero y munición para armas ligeras, mientras que cerca de 20 millones corresponden a al menos 31 vehículos blindados, varios de ellos con brazo robot de desminado.
Además, agrega, el Gobierno español autorizó entre noviembre de 2014 y junio de 2016 un total de 11 licencias de exportación de munición, granadas de morteros y vehículos blindados por valor de 167,5 millones de euros. En 2014, ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, el Ejecutivo alegó tener por escrito todas las garantías de que el único usuario de las armas españolas era el Ministerio de Defensa iraquí.
Amnistía Internacional reiteró este jueves su petición al Gobierno español de que, debido al deterioro de la situación de derechos humanos en Iraq, adopte una norma de "presunción de denegación" respecto a la exportación de armas al Ejecutivo y a las fuerzas armadas y la policía iraquíes.