Bogotá, 9 sep.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia expresó hoy su preocupación por amenazas que un grupo criminal lanzó contra la vida de dirigentes de organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos que trabajan con víctimas del conflicto armado.
"Las amenazas contra líderes en procesos esenciales para la construcción de paz y reconciliación nacionales son de extrema preocupación. Toda amenaza e incitación a la violencia y a la intolerancia tiene que ser rechazado firmemente por el Estado", señaló un comunicado del PNUD difundido este viernes en Bogotá.
Esta semana se denunció que el llamado bloque Urabá Antioqueño, de las Águilas Negras, surgido tras la desmovilización de los paramilitares colombianos, amenazó de muerte a Ana Teresa Bernal, Carmen Palencia, Gerardo Vega, Luis Emil Sanabria y Jesús Mario Orozco.
Las amenazas aparecen en un panfleto que fue enviado a la sede nacional de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz) en la capital colombiana.
Además de Redepaz, el grupo ilegal amenaza a los líderes de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi) y la Fundación Humanitaria Nuevo Amanecer (Funumana).
"Les declaramos la guerra directa y frontal con el objetivo de exterminar a estas organizaciones y a sus dirigentes", dice el panfleto.
El PNUD, tras rechazar las intimidaciones, pide al Estado y a sus distintas autoridades implementar "todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente a las personas amenazadas, y que se investigue y se sancione adecuadamente a los autores de las amenazas".
Esa agencia de la ONU en Bogotá expresó también "su solidaridad con las víctimas", y señaló que mantiene su compromiso de "seguir acompañando las instituciones públicas, las organizaciones sociales y las personas que promueven la paz y los derechos humanos" en Colombia.
Las ONG que acompañan a los desplazados y reclamantes de tierras tienen documentados los homicidios de más de 60 desplazados forzosos por el conflicto solo desde 2005.
El reducto que suscribe la amenaza de exterminio actúa en Urabá, región agroindustrial del departamento de Antioquia (noroeste), en la que el Gobierno ha descubierto una apropiación irregular masiva de tierras.
Una gran parte de esas transacciones fueron mediadas por la prófuga Sor Teresa Gómez, perteneciente a la familia Castaño, una de de las fundadoras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según una investigación gubernamental.
Esta organización se disolvió en 2006 tras el desarme de más de 31.000 paramilitares; desmovilización que abrió paso a grupos como el de las Águilas Negras, a los que el Gobierno ha dado el nombre genérico de bandas criminales (bacrim).
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