Procurador colombiano dice que CPI podría actuar en el país si hay impunidad

Bogotá, 19 sep.- El procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, advirtió hoy de que el país podría ser objeto de intervención por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) si hay impunidad en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios en el marco de las negociaciones de paz con la guerrilla.

Durante su intervención en un coloquio en Medellín (noroeste) el titular de la Procuraduría (Ministerio Público) se refirió a los estándares internacionales de la justicia transicional y la necesidad de equipararlos y ensamblarlos en los diálogos de paz que el Gobierno y las FARC llevan a cabo en Cuba.

Según Ordóñez, la CPI tiene jurisdicción "complementaria y subsidiaria a la jurisdicción colombiana, competente para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y los crímenes de guerra en los casos en que el Estado no puede o no quiere investigar ni sancionar a los responsables".

Ordóñez es uno de los más fuertes críticos de los instrumentos que ha impulsado el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para dar soporte jurídico a eventuales acuerdos de fin del conflicto con las FARC, como el Marco Jurídico para la Paz o la celebración de un referendo popular para validar lo acordado que coincida con las elecciones del año próximo.

En el caso del Marco Jurídico para la Paz, herramienta que busca regular procesos de desmovilización de grupos al margen de la ley, el funcionario considera que puede abrir una puerta a la impunidad.

Según Ordóñez, la justicia transicional colombiana "debe garantizar que las personas incursas en graves violaciones de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario sean investigadas, juzgadas y cumplan penas privativas de libertad aceptables".

Agregó que, en desarrollo de su obligación de vigilar el cumplimiento de la Constitución, proteger los derechos humanos y defender los intereses de la sociedad, el Gobierno debe asegurar las bases mínimas en caso de suscribir un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Bases que garanticen una paz estable y duradera y los derechos de las víctimas del conflicto armado", concluyó.

El pasado 28 de agosto, la Corte Constitucional de Colombia dio el aval al Marco Jurídico para la Paz, que ha recibido también fuertes críticas de organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, que ven en esa norma un peligro de que muchos crímenes cometidos en medio siglo de conflicto armado queden impunes.