El Cairo, 22 ene.- Las autoridades egipcias han confiscado los bienes de 901 miembros de los Hermanos Musulmanes y de 1.096 asociaciones y 532 empresas vinculadas a la cofradía, entre ellos 82 escuelas y 96 hospitales, informaron hoy los medios locales.
La comisión encargada de administrar estos fondos, confiscados desde que la justicia emitió una resolución al respecto en septiembre de 2013, también está en proceso de incautarse de los bienes de otros 166 miembros del grupo islamista.
El presidente de la comisión, el juez Ezat Jamis, explicó en una rueda de prensa este miércoles que se han apropiado asimismo de 522 sedes del Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de la Hermandad, disuelto el año pasado.
Además de las oficinas del PLJ, fueron confiscadas en este tiempo las sedes de los Hermanos Musulmanes, entre ellas la principal, situada en el barrio cairota de Al Muqatam.
Jamis no precisó el valor total de los bienes incautados, que incluyen asimismo 82 escuelas y 98 hospitales y centros médicos.
Los hospitales ya están siendo administrados por los entes estatales o las empresas privadas adjudicadas por la justicia, mientras que de las 532 empresas confiscadas, solo 98 han sido puestas en marcha por nuevos gestores.
El juez se quejó de que hay algunos organismos especializadas en estos trabajos de administración que no colaboran con la comisión y rechazan aceptar esas empresas, lo que ha causado un retraso en su gestión.
En este tiempo también les han sido confiscados a los miembros de la Hermandad, entre ellos a toda su cúpula, unos 460 vehículos y terrenos.
El comité fue formado por una resolución de la justicia egipcia en septiembre del 2013, cuando fueron prohibidas además todas las actividades de los Hermanos Musulmanes y de cualquier grupo que derive de ellos.
La cofradía fue declarada, tres meses después, grupo terrorista por las autoridades, que han llevado a cabo una cruda represión contra los islamistas desde la destitución militar del entonces presidente del país, Mohamed Mursi, en julio de 2013.
A principios de enero trascendió que esa comisión también había congelado los fondos de varios prominentes activistas liberales, conocidos por su oposición al nuevo régimen, pese a que su cometido era solo la Hermandad.
Entre los activistas liberales afectados figuran Haizam Mohamadein y Hisham Abdel Rasul, del grupo Socialistas Revolucionarios, y Amr Ali, secretario general del Movimiento 6 de abril.
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