La recuperación de la ciudad de Mosul de manos del grupo terrorista Estado Islámico marca un punto de inflexión en un país que aún deberá hacer frente durante años a persistentes desafíos en materia social y de seguridad responsables, en parte, de que 11 millones de personas sigan necesitando asistencia humanitaria a día de hoy.
El Gobierno iraquí proclamó en julio la liberación de Mosul tras lograr una simbólica victoria frente a un grupo que, durante los tres últimos años, ha copado la atención en detrimento de otros retos subyacentes. Uno de ellos lleva el rostro de los 3,3 millones de desplazados internos, 2,5 millones de los cuales viven fuera de los campos oficiales, según la Organización de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
El retorno de muchos de ellos se complica, entre otras razones, por la elevada contaminación por explosivos que existe en Irak, lastrado por décadas de guerra casi ininterrumpida. En ciudades como Mosul, el paso de la tempestad apenas ha comenzado a sacar a la luz bombas trampa y explosivos ocultos y los expertos calculan que la limpieza no estará concluida hasta pasada más de una década.
La ONU también ha denunciado los actos de represalia adoptados en zonas liberadas contra familias supuestamente afiliadas a uno u otro bando y un estudio reciente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) evidenció que la percepción de las zonas de origen como inseguras hace que muchos desplazados no quieran volver a sus hogares. Cientos de familias de las regiones de Saladino, Anbar y Nínive incluso han recibido cartas amenazantes en las que se les insta a irse por las buenas o por las malas.
Muchos de los desplazados ni siquiera tienen dónde volver, al haber perdido no sólo sus casas sino también su forma de vida, un sustento difícil de recuperar cuando se trata de comunidades que han quedado completamente rotas por la guerra. De los 54 barrios que componen la zona oeste de Mosul, 15 están completamente destruidos y la mitad de los edificios de otros 23 distritos han quedado reducidos a escombros.
La ONU estima que 200.000 personas se han quedado sin hogar y los expertos calculan que serán necesarios 1.000 millones de dólares sólo para financiar las tareas de reconstrucción en el que fue el principal bastión de Estado Islámico en el país árabe.
A ello se suma que, según el Programa Mundial de Alimentos (WFP), el cien por cien de los barrios analizados en la parte oeste necesita asistencia alimentaria, mientras que en la zona este serían el 45 por ciento.
LENTO RETORNO
Más de 2 millones de desplazados han vuelto a sus localiades desde el inicio del conflicto en 2014, aunque en julio el nivel de retorno ha caído un 25 por ciento en comparación con meses anteriores, según la OIM. A la zona este de Mosul ya han regresado el 94 por ciento de quienes habían huído, una tendencia que no se repite en la misma medida en la parte occidental.
Las organizaciones internacionales colaboran con las autoridades locales para atender las necesidades de estos retornados, en primera instancia dándoles una primera ayuda para reiniciar sus vidas. Sin embargo, la OCHA ha advertido de que la recuperación de las comunidades más "frágiles" llevará "mucho tiempo", por lo que ha llamado a centrarse en una "asistencia a largo plazo".
El Plan de Respuesta Humanitaria lanzado por Naciones Unidas, y que contempla programas de ayuda en distintos ámbitos, se encuentra financiado únicamente en un 46 por ciento, a pesar de que los donantes anunciaron compromisos por valor de 200 millones de dólares durante una cumbre celebrada en Washington el 12 de julio. En total, el plan de la ONU sólo ha recibido 454 millones de los 985 millones de dólares solicitados para 2017.
VIOLENCIA
Mosul fue en su día el símbolo de la conquista de Estado Islámico y ahora se ha convertido también en otro emblema: el del principio del fin. La OCHA, no obstante, ha recordado que la violencia persiste y ha puesto como ejemplo el caso de Imán Gharbi, una localidad ubicada unos kilómetros al sur, a orillas del río Tigris, y que fue atacada por los 'milicianos de negro' a principios de julio, lo que provocó otros 1.800 desplazados en dos semanas.
También es paradigmático de los peligros que aún persisten el atentado suicida perpetrado el 2 de julio en un campo para desplazados internos en Ramadi, en la región de Anbar. Catorce personas murieron y otras 13 resultaron heridas como consecuencia de este ataque, que castigó doblemente a un colectivo vulnerable.
La misión de Naciones Unidas en Irak (UNAMI) ha cifrado en 241 el número de civiles que perdieron la vida en julio como consecuencia de "actos de terrorismo, violencia y conflicto armado", que también dejaron otros 277 civiles heridos. El dato, aunque elevado, refleja un descenso en la cifra de víctimas con respecto a los últimos meses y es el más bajo desde marzo de 2013.
El enviado especial de la ONU para Irak, Jan Kubis, ha instado a todas las partes en conflicto a hacer de la protección de la población su "máxima prioridad", especialmente de cara a las operaciones militares que aún tiene pendientes las fuerzas del Gobierno de Haider al Abadi, apoyadas por la coalición antiterrorista liderada por Estados Unidos.
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