La Comisión Europea (CE) ha denunciado que el 43% de los sitios web incumplieron durante la campaña del 'Black Friday' las normas impuestas por la Unión Europea (UE) según las cuales las tiendas, al anunciar un descuento, deben indicar el precio más bajo que ha sido aplicado al producto en los últimos 30 días.
Según explican en un comunicado, la Comisión y 13 autoridades nacionales de protección al consumidor han realizado un análisis de varios sitios web y han denunciado que más de la mitad de los productos monitorizados han presentado una reducción de precios en los que el 43% eran "claramente incompatibles con la legislación de la UE".
El Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha señalado que los resultados del análisis muestran una infracción de la legislación comunitaria y que "los consumidores continúan expuestos a una gran cantidad de descuentos falsos y prácticas comerciales desleales". "Las buenas ofertas deben ser una ventaja real y no una técnica de marketing manipuladora. Siempre deben basarse en una diferencia de precio concreta”, ha explicado Reynders.
Las autoridades nacionales, bajo la coordinación de la Comisión, monitorizaron a lo largo de un mes los precios de 16.000 productos de 176 sitios web con el objetivo de verificar cómo se presentaban los descuentos en línea durante la campaña del 'Black Friday' y comprobar si los comercios habían cumplido con la directiva de Indicación de Precio.
Algunos sitios web aumentaron los precios de sus productos las semanas o días anteriores al 'Black Friday' y, al reducir nuevamente su precio, mostraron al consumidor un descuento que, si se toma como referencia el precio inicial, no es el que se correspondía, ha explicado la Comisión.
Por ello, la normativa europea establece que, a la hora de hacer un descuento sobre un producto, este debe anunciarse sobre el que fue el precio más bajo aplicado por el comerciante durante un período de tiempo no inferior a 30 días. Según Bruselas, ahora las autoridades se deberán poner en contacto con los comerciantes interesados para solicitar cambios en sus prácticas y, si es necesario, iniciar acciones coercitivas que, en caso de no cambiar su política comercial, podrían derivar en multas.
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