En el contexto de crisis energética por la invasión rusa de Ucrania, en el que los precios no dejan de subir para hogares y empresas, se hace imprescindible buscar fuentes alternativas de energía y reducir la dependencia del gas ruso. Además, la emergencia climática demanda respuestas sostenibles y respetuosas con el medioambiente, es decir, energías verdes. En el caso de España, la energía fotovoltaica se abre paso como una fuente de oportunidades por ser el país con más horas de sol de Europa, ya que no solo permite ahorrar en la factura de la luz a través del modelo de autoconsumo, sino también obtener un retorno a través de la producción para venta de red. Sin embargo, es necesario superar un largo proceso administrativo para poner en marcha los paneles solares.
El listado de autorizaciones para las instalaciones de producción eléctrica está recogido en el artículo 53 de la Ley 24/2013 del Sector eléctrico y la administración encargada de otorgarlas varía en función de la potencia eléctrica instalada, mientras que las de más de 50MW recaen en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las que no exceden esa cantidad son gestionadas por las comunidades autónomas. En cualquier caso, la cuestión medioambiental es tanto o más importante que los requerimientos administrativos. El primer paso para poner en marcha un proyecto de estas características es contar con un punto de evacuación o punto de acceso a la Red Eléctrica y el segundo conseguir el permiso para acceder a este. Para ello, es necesario presentar una solicitud que adelante cuáles serán los planos de la instalación, un esquema unifilar de esta, así como un proyecto básico que incluye aspectos como el presupuesto o las acreditaciones de haber depositado la garantía y solicitado el estudio del alcance medioambiental del proyecto. Además, Red Eléctrica Española puede solicitar informes de aceptabilidad por razones de seguridad y calidad del sistema eléctrico.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) estima que el 70% de las instalaciones que cuentan con este permiso de acceso no llegarán a término por no superar el resto de fases, aunque es difícil determinar el número concreto con anterioridad. Desde la asociación apuntan que la exigencia de las declaraciones del impacto ambiental está detrás de esta cifra, “es muy importante que el desarrollo de la planta no impacte negativamente en la zona”, aseguran. Así pueden ser descartadas propuestas que se vayan a desarrollar en zonas con especies protegidas o parques naturales, aquellas que conlleven prácticas con un impacto negativo en el entorno como arar, remover terreno, uso de pesticidas y herbicidas o talas y también las que comprometan un área de interés turístico.
Asimismo, estos proyectos deben reunir otros tres tipos de autorizaciones administrativas: la referida al anteproyecto, la aprobación del proyecto de ejecución y la autorización de la explotación que permite poner tensión en la instalación y comenzar su explotación comercial, un proceso que puede demorarse hasta dos años. Es por esto, que a la hora de dar los primeros pasos, la incertidumbre puede llegar a pesar sobre los interesados, lo que se refleja en los contratos, como explica Rafael Barrera, director general de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER). Así, en la mayoría de ocasiones se opera con precontratos que se consolidan cuando el proyecto se hace realidad, ya que en muchas ocasiones la persona que busca o cuenta con el punto de evacuación no es la misma que va a desarrollar la planta fotovoltaica.
Esta senda de dificultades burocráticas ha consolidado la figura de los intermediarios, que se ocupan de buscar parcelas que puedan reunir todos los criterios exigidos por la administración, lo que, como trasladan desde ANPIER, añade un coste a unos territorios que han visto elevado su precio de mercado por la alta demanda. No obstante, Barrera indica que la apuesta por estas fincas no es una novedad, sino que se han mantenido al alza los últimos cinco o seis años, hasta el punto que es complicado encontrar una parcela interesante en la mayoría del territorio nacional. Es el caso de Castilla y León, que cuenta con muchas horas de sol y unas temperaturas no excesivamente elevadas, lo que es favorable para el funcionamiento de las placas solares. El precio de estas, como es lógico, varía en función de las características que reúna cada terreno, pero el alquiler oscila entre los 1.200 y los 2.800 euros por hectárea al año. Entre las más cotizadas, se encuentran las que cuentan con un punto de evacuación dentro del terreno, que supone un ahorro en gastos de obra y costes de traslado de la energía producida.
El total de proyectos que cuentan ahora mismo con acceso a la Red Eléctrica suman 102 GW de potencia instalada, exactamente los mismos que en abril de 2021, como trasladan desde UNEF. Esto implica que, actualmente, la red está prácticamente copada, lo que supone un gran obstáculo para el desarrollo de pequeños proyectos de venta de energía o autoconsumos industriales, denuncian en ANPIER. Desde la asociación de energía fotovoltaica estiman que el 90% del desarrollo energético destinado a la venta se integra por plantas con una potencia superior a los 50 MW, que a menudo supera los 200MW y es propiedad de grandes empresas o fondos de inversión. No obstante, señalan que por ahora la red "es la que es" y un incremento de esta capacidad solo puede venir de construir nuevas infraestructuras de evacuación o liberación de capacidad por caducidad de puntos de acceso o proyectos que finalmente no se lleven adelante.
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