AMNISTÍA VINCULA LAS "POLÍTICAS OBSTINADAS" DE MADURO CON LA CRISIS HUMANITARIA DE VENEZUELA

- Advierte de que se encamina a “una pesadilla inimaginable” si las autoridades no cambian. Amnistía Internacional (AI) señaló este viernes que “la negación casi obsesiva” de las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de que la emergencia económica de Venezuela implica una crisis humanitaria en el país, su “falta de autocrítica” y su “empeño por no solicitar ayuda internacional” están poniendo las vidas y derechos de millones de personas “en alto riesgo”.
AI hizo estas afirmaciones en un comunicado después de que un equipo de esta organización haya finalizado una visita a Venezuela, en la que conversaron con autoridades públicas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, abogados y supervivientes de violaciones de derechos humanos en Caracas, Guarenas y en el Estado de Táchira, en la frontera con Colombia. Muchas personas hablaron de la falta crónica de productos alimenticios esenciales y medicamentos mientras el país enfrenta una de las peores crisis económicas en décadas.
"Las políticas obstinadas están afectando seriamente millones de vidas. La combinación letal del severo desabastecimiento de comida y medicinas, combinado con los altísimos niveles de criminalidad, persistentes violaciones de derechos humanos y políticas que se enfocan en asegurar que las personas no se quejen en vez de responder a sus pedidos desesperados de ayuda, es la receta perfecta para una catástrofe épica", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Guevara-Rosas apuntó que “se ha acabado el tiempo para la política mezquina”. “El Gobierno del presidente Maduro, la oposición, empresarios, gremios y la comunidad internacional deben participar de manera urgente de un diálogo para identificar e implementar mecanismos innovadores, eficaces y no discriminatorios para llevar ayuda vital a las millones de personas que la necesitan. Todos los actores políticos deben dejar sus propios intereses en la puerta de entrada y pensar en las personas que deben ayudar", apostilló, antes de apuntar que “si aquellos en el poder no dan un giro completo en la forma en la que están abordando esta dramática crisis, la que ya es una situación extremadamente seria se va a convertir en una pesadilla inimaginable".
FALTA DE ALIMENTOS
Amnistía Internacional indicó que la escasez de alimentos y otros productos básicos ha aumentado en todo el país en los últimos meses. En un intento por mitigar la alta tasa de inflación, el Gobierno mantiene un sistema de precios “regulados” para un número de productos básicos incluyendo harina, arroz, pasta, aceite y papel higiénico, entre otros, que son vendidos a precios considerablemente más bajos en negocios privados y supermercados estatales y a la gente se le permite comprar una vez por semana, de acuerdo a su número de identificación nacional.
Sin embargo, decenas de personas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que los productos a precios regulados muchas veces no están disponibles, forzándolos a buscarlos en el mercado negro y a precios prohibitivos.
El sueldo local promedio es de aproximadamente entre 30 y 60 dólares por mes (dependiendo en la tasa de cambio que se utilice). Un kilo de harina se vende en el mercado no regulado en aproximadamente 2 dólares, un litro de leche casi 2 y un kilo de pasta unos 3,50. El azúcar y los productos de higiene son muy difíciles de conseguir.
Cientos de personas son forzadas a hacer filas frente a los supermercados desde la madrugada para asegurar que pueden acceder a los productos, aunque nunca saben qué estará disponible. Varias personas dijeron a Amnistía Internacional que habían disminuido drásticamente la cantidad de comida que consumen y que su principal fuente de nutrición eran las arepas (tortillas de harina de maíz).
Doctores en hospitales públicos en Guarenas y San Cristóbal comentaron a Amnistía Internacional que han visto un aumento en casos de desnutrición, pérdida de peso y estrés agudo causado por la falta de alimentos. "No hay ninguna excusa para que la gente pase hambre en Venezuela. Si la falta de alimentos es causada por incompetencia de funcionarios o por individuos inescrupulosos, es tiempo de cambiar las recetas que no están funcionando", recalcó Guevara-Rosas.
MEDICINAS Y SISTEMA JUDICIAL
Por otro lado, Amnistía señaló que la crisis económica, la deuda externa y las altas tasas de inflación significan que Venezuela no puede importar medicamentos, la materia prima para fabricarlos ni insumos hospitalarios básicos sin apoyo de las escasas divisas del Estado. Un número de profesionales de la salud que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que la falta de medicamentos está teniendo un efecto devastador sobre su habilidad de tratar a pacientes y salvar vidas.
Venezuela es hogar de algunas de las ciudades más violentas del mundo (el promedio de homicidios es de 58 por 100.000 habitantes, de acuerdo a cifras oficiales), aunque grupos locales, incluyendo el Observatorio Venezolano de Violencia, dicen que el número es mucho más alto, 91 por 100.000.
En este contexto, el sistema judicial de Venezuela ha sido culpado por ser incapaz de abordar el crimen y enfocar sus recursos en criminalizar a aquellos que se atreven a levantar la voz contra las políticas del gobierno.
Amnistía subrayó que el sistema judicial ha sido muy cuestionado por su falta de independencia e imparcialidad, ya que los jueces, por ejemplo no tienen puestos permanentes y pueden ser removidos en cualquier momento por las autoridades, lo que socava la función fundamental que debe desempeñar.
"Venezuela es hogar de un sistema de justicia cuya independencia e imparcialidad está altamente cuestionada. Las autoridades deben asegurar que el sistema de justicia no es utilizado para hostigar defensores de derechos humanos, y deben liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia", agregó Guevara-Rosas.
Para Guevara-Rosas, “el Gobierno del presidente Maduro y la Asamblea Nacional deben entablar un diálogo inmediatamente para buscar formas efectivas de abordar las necesidades urgentes de todas las personas en Venezuela, incluyendo acordar un sistema para solicitar cooperación internacional”. "Las autoridades también deben urgentemente reconocer y respetar la legítima labor de quienes defienden los derechos humanos, abogados y periodistas y promover los mecanismos para protegerlos de forma efectiva y asegurar que pueden desempeñar su labor en un ambiente seguro y propicio", concluyó.