"El presupuesto para 2017 se pretende cerrar con 146,2 millones de euros, ya que al ser año impar no disponemos de ingresos extraordinarios ni por Mundiales ni Europeos, por lo que se asemeja mucho a lo realizado en el pasado ejercicio en el capítulo de gastos", aseguró Juan Luis Larrea, presidente interino de la RFEF durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
La Asamblea Extraordinaria comenzó con 96 asistentes entre los que destacaron la presencia del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el presidente del Sevilla FC, José Castro, el presidente de la Real Sociedad Jokin Aperribay; el presidente del Deportivo de la Coruña, Tino Fernández; representantes del FC Barcelona, RCD Espanyol y Albacete Balompié. Además, de contar con la presencia del presidente de la Asociación Española de Futbolistas (AFE), Luis Manuel Rubiales.
Larrea, el máximo responsable de la RFEF en estos momentos, se mostró "prudentemente optimista" con el "futuro de la viabilidad de la Real Federación Española de Fútbol", tras desglosar las cuentas correspondientes al pasado año 2016 y al ejercicio del presente.Al igual, aclaró que existe "una cancelación de ingresos, por diversas partidas como una de LaLiga algo superior a 6 millones, provocando que el resultado del ejercicio sea de 8.354.998 de pérdidas".
Por último, Larrea confirmó que "los fondos propios son de 50,6 millones", además de disponer de un fondo de maniobra "positivo en 25,8 millones". "El endeudamiento bancario es prácticamente inexistente, cero. El saldo de tesorería es a día de hoy de 65 millones y tenemos expectativas estables de cifras de ingresos futuros por patrocinios y derechos audiovisuales por contratos de larga duración", concluyó.
La Asamblea se celebró escasas horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretase la libertad provisional bajo fianza en metálico de 300.000 euros para el expresidente de la RFEF Ángel María Villar, rebajando así las medidas cautelares que impuso el pasado 20 de julio cuando acordó su prisión incondicional en el marco de la operación Soule.
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