Asociación Empresarios de Albacete alerta de "posible especulación" en el proyecto de las viviendas de 'Las Grilleras'

Así lo ha manifestado la Asociación en una nota de prensa en la que ha explicado que este proyecto prevé "desalojar las 432 viviendas situadas en el barrio de Santa Teresa, conocidas como 'Las Grilleras', y devolver a sus propietarios otra vivienda nueva del mismo tamaño al finalizar su construcción o una mayor pagando la diferencia".

Este desalojo, que contempla también la construcción de locales comerciales y otras 192 viviendas para nuevos cooperativistas, se va a financiar, según las cuentas de sus gestores, con 14 millones de euros de subvenciones, otros cinco millones de euros para los alquileres de los vecinos mientras se construyen las viviendas, tres millones de aportaciones de los actuales vecinos y 32 millones de los nuevos cooperativistas y sus hipotecas.

También, han apuntado que en este proyecto piden que el Ayuntamiento "transfiera gratis hasta 10.000 metros cuadrados de edificabilidad --con un valor de mercado de 30 millones de euros-- y perdone tres millones de euros en impuestos sin especificar".

"No hay duda de que estos vecinos merecen todo este dinero público y más, pero es inevitable pensar que también irá destinado a garantizar que la empresa gestora, el estudio de arquitectura y el despacho de abogados que participan en la operación puedan cobrarse una gestión que sin duda va a reportarles varios millones de euros de ingresos sin necesidad de un concurso público", han advertido desde la Asociación.

"SIN LIMITES A LA EDIFICABILIDAD"

Asimismo, han apuntado que, según el borrador de una reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha (LOTAU) remitido por la Junta de Comunidades hace dos semanas, este proyecto "podrá rebasar sin límites la edificabilidad de un metro cuadrado cada metro de suelo establecida para todo el suelo urbano de la región, evitar la obligatoria cesión de suelo para dotaciones y para Viviendas de Protección Oficial (VPO) mediante pago en metálico y permitir que en el patrimonio municipal de suelo haya también dinero".

"Todo ello, a pesar de que la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana establece la excepcionalidad respecto a la obligación de las cesiones obligatorias, en el caso que ocupa y llevado a actuaciones como la comentada, se estaría dando lugar a actuaciones especulativas, y mediante la interpretación del borrador tal y como está redactado se podrían realizar actuaciones edificatorias en el casco urbano que dieran lugar a crear un problema mayor que el que se dice corregir", han añadido.

No obstante, Apeca ha afirmado estar "a favor de que se lleven a cabo estas iniciativas con fines sociales", pero ha querido aclarar "el carácter lucrativo de esta operación que puede suponer una vulneración de la libre competencia".

"La presentación no oculta que tras el llamado ente asociativo de gestión están la empresa gestora de cooperativas, propiedad del arquitecto que también realiza el proyecto; una constructora que se anuncia como si ya contara con la adjudicación --antes de que lo hagan los cooperativistas-- y un abogado exconcejal del PSOE", ha precisado la Asociación.

"LOS ERRORES LOS PAGARÁN COOPERATIVISTAS"

Apeca también ha advertido de que "cualquier error típico de las cooperativas --exceso de costes, retrasos en la entrega o subvenciones no recibidas-- acabará pagándolo el cooperativista, con la particularidad de que en este caso hay personas de ingresos limitados que no van a poder responder a cualquier eventualidad económica y que durante la construcción las cooperativas suelen valerse de un crédito solidario donde todos responden de todos".

La Asociación de Empresarios de Albacete ha insistido en su apoyo a "cualquier iniciativa de rehabilitación urbana que beneficie a familias desfavorecidas como las que viven en las grilleras, pero si la propia empresa gestora advierte en su presentación que el cooperativista emprende un proyecto empresarial, es porque existen riesgos, los cuales serían inasumibles para muchos cooperativistas y podría acabar en otro escándalo como en el de la cooperativa PSV".