En concreto, el consejo recuerda que el comercio 'online' ha allanado el terreno para el desarrollo de nuevas prácticas de consumo y subraya que España no cuenta con una regulación específica de carácter transversal, sino que su actividad discurre en el marco de una serie de normas anteriores a la aparición de la economía colaborativa.
De esta forma, el CES confía en que España se produzca una "reflexión en profundidad" sobre esta cuestión desde los poderes públicos para encontrar una "solución satisfactoria" que se adapte a la realidad española, garantice la unidad de mercado, minimice la conflictividad en este tipo de actividades, optimizando sus ventajas para toda la sociedad.
Respecto a la rápida penetración de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los hogares, el CES considera que todavía existe un "amplio margen de maniobra" para luchar contra la brecha digital y, por tanto, se debe continuar con los esfuerzos en las inversiones para garantizar la accesibilidad a la red inteligente de datos por parte de toda la población y su acercamiento al comercio online.
El informe también pone de manifiesto que la crisis y la aparición de nuevas tecnologías han generado nuevos hábitos de consumo en los que la búsqueda de precios más ajustados ha sido una motivación muy presente en las decisiones de gasto de la mayoría de hogares.
UNA ECONOMÍA SIN EFECTIVO, POSIBLE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
El CES estima necesario que el uso de las nuevas tecnologías digitales cuente con políticas de privacidad transparentes y que otorguen mayor seguridad jurídica a los usuarios, que deben expresar su consentimiento para el tratamiento de datos personales y garantizar que el almacenamiento de esa información es correcto y con altos grados de seguridad.
El organismo remarca que es un "reto salvaguardar los derechos de consumidores y usuarios" con respecto a la seguridad de las transacciones y medios de pago electrónico, la aparición de ofertas fraudulentas o engañosas, o los problemas que puedan sufrir relacionados con las entregas, las devoluciones, así como las pérdidas del objeto adquirido.
El informe considera que a la hora de analizar la transición hacia una economía sin efectivo se debe tener en cuenta el "posible riesgo de exclusión social" que podría implicar la desaparición total de los billetes y las monedas para aquellos colectivos que, por motivos de edad, nivel formativo u otras razones, no han incorporado los nuevos medios de pago a su vida cotidiana.
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