El sector de transportes de la central nacionalista entiende que la Xunta "no puede mantener una concesión administrativa con Gavilanes, desde el momento en el que hay indicios de que el propietario de la empresa podría estar explotando a trabajadores migrantes".
Indica que, según la información que ha trascendido, la Policía cree que "podría" estar explotándolos "para realizar las tareas de limpieza de los autobuses" y añade que, así, estaría "defraudando a la Seguridad Social".
Por ello, exige la rescisión "inmediata" del contrato de transporte de viajeros que acaba de ser adjudicado, dentro de la primera fase de la reordenación de mapa de buses que impulsa el departamento de Ethel Vázquez.
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