COAG-A pide a Ortiz que apoye la petición de ayudas de Estado para el sector hortofrutícola

Así se lo han trasladado en una reunión este pasado miércoles a la que han acudido, además de Ortiz, el viceconsejero, Ricardo Domínguez, y la secretaria general de Fondos Europeos, Concepción Cobos. Por parte de la organización agraria, han asistido el secretario general, Miguel López; el responsable de frutas y hortalizas, Andrés Góngora, y los secretarios provinciales de COAG Cádiz, Miguel Pérez, y COAG Granada, Miguel Monferrer.

En este encuentro, COAG-A trasladó, según ha explicado en una nota, a la consejera que la situación del sector hortofrutícola es "crítica", debido a la coincidencia de diversos problemas que han afectado "seriamente a su rentabilidad": crisis de precios, incremento de los costes de producción, apertura del mercado europeo a competidores de terceros países, desajustes de calendarios de producción debido a incidencias meteorológicas y el veto ruso.

En este sentido, tanto los representantes de la Consejería como los de COAG-A compartieron análisis sobre la falta de eficacia de los mecanismos comunitarios de gestión de crisis: son "insuficientes y no están funcionando. En muchos casos, no se utilizan".

Al hilo de esto, COAG-A ha precisado que las empresas de comercialización, presionadas por la distribución comercial, acaban mandando todo el producto al mercado, "incluso sin asegurar un precio al productor". Así, por ejemplo, hay empresas que, "para no perder cuota de mercado, han liquidado productos a un precio inferior al de retirada por el veto ruso, como ha ocurrido con el pepino, vendido a 0,07-0,08 euros".

Ante esta situación, esta organización agraria ha pedido al Ministerio de Agricultura que apoye al sector mediante ayudas de Estado o ayudas de 'mínimis', con fondos estatales y autonómicos.

De esta manera, ha reclamado la refinanciación de la deuda que, a día de hoy, tienen contraída los productores tanto de carácter hipotecario, por la adquisición y mejora de sus explotaciones, como por sus necesidades de capital circulante de las últimas campañas. Se trataría, según ha explicado, de una moratoria de dos años para los vencimientos de capital e intereses de dichos créditos, así como para los nuevos intereses generados con cargo integro a las ayudas de estado o 'mínimis'.

También ha demandado el establecimiento de nuevos créditos (ICO) destinados a proporcionar liquidez y capital circulante a las explotaciones para poder hacer frente a la nueva campaña agrícola. Dichos créditos podrían alcanzar un principal máximo de 75.000 euros por beneficiario con un periodo de amortización de cinco años, incluyendo un año inicial de carencia. La bonificación de los intereses recaería en las ayudas de estado o 'mínimis'.

"No se trata pues de pedir ayudas directas, sino de medidas que permitan financiarse a aquellos productores que están atravesando una situación crítica, que amenaza su viabilidad", ha indicado.

Por último, ha apuntado que la consejera anunció que va a analizar cuál es el volumen real de deuda del sector hortofrutícola, para conocer su situación financiera y estudiar posibles medidas para paliar las dificultades.