En la respuesta remitida al colectivo, consultada por Europa Press, el CSN señala que "no ha lugar para la solución provisional" que plantean los conservacionistas ya que esta "no se correspondería con los principios" del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, "ni con los preceptos y actuaciones que se establecen" en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radioactivas.
Alude el órgano a que se trata de un caso de "exposición perdurable", por lo que es de aplicación el artículo 58 del primer reglamento que dispone que, en caso de intervención en este tipo de situaciones, y en función de los riesgos que entrañe la exposición, la autoridad competente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá delimitar la zona afectada; aplicar un sistema de vigilancia de las exposiciones; realizar las intervenciones oportunas teniendo en cuenta las características de la situación y regular el acceso y el uso de los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada.
El CSN remarca, en esta línea, que los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona de Palomares afectada "son adecuados y eficientes" de acuerdo al informe que realizó en 2010 un equipo de inspectores de la UE y que la "solución definitiva al problema" pasa por la ayuda de Estados Unidos a España.
"La ayuda de EEUU a España para gestionar los residuos radioactivos generados por las medidas de restauración de los terrenos contaminados se consideran primordiales para aportar una solución definitiva a este problema ya que España no tiene instalaciones para almacenar de forma definitiva estos materiales contaminados por Plutonio", apunta citando el mencionado informe.
El órgano supedita, por tanto, la ejecución del Plan de Rehabilitación de zonas afectadas que elaboró el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) al auxilio de EEUU.
En su respuesta a Ecologistas en Acción, el CSN hace referencia, asimismo, a que en su informe sobre las actuaciones realizadas en Palomares entre 1996 y 2013, se definieron criterios radiológicos para "establecer un control en el uso de los terrenos, teniendo en cuenta la normativa de protección radiológica y la práctica internacional" y con el "objetivo último de asegurar que las repercusiones en la población por exposición a contaminación remanente no superasen la dosis media anual de 1 mSv".
"La liberación y dispersión del material fisible de armas nucleares en el ecosistema terrestre mediterráneo de los alrededores del pueblo de Palomares a raíz del accidente de dos aviones nucleares estadounidenses, fue objeto de una intervención inmediata, quedando aún una contaminación residual como han demostrado estudios posteriores", concluye.
VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
La organización ecologista ya advirtió de que, en caso de que el CSN no procediese a la clausura de este espacio considerado un "cementerio nuclear ilegal", solicitaría a los juzgados de lo Contencioso-administrativo que "obligase" a cumplir el plan de rehabilitación de Palomares (PRP), aprobado por el propio organismo en mayo de 2010 "con informe favorable de la Comisión Europea". Este indica que el volumen de tierra a limpiar es de unos 50.000 metros cúbicos si bien, tras el tratamiento, el volumen de residuos se podría reducir "a 8.000 metros cúbicos".
Según mantienen los ecologistas, el PRP y el informe favorable de la Comisión europea realizado al amparo de dicho artículo recogen que, en el caso de Palomares, las labores de limpieza y transporte "tienen un coste de 30 millones de euros" y no "de 600 millones".
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