La dotación económica de la convocatoria de 2016, con 300.000 euros, duplica a la del pasado año, de 150.000 euros, un incremento económico que quiere contribuir a paliar la grave crisis económica y sus efectos en la población insular.
La vicepresidenta y consejera de Acción Social, Cristina Valido, subraya en una nota que esta convocatoria de subvenciones ayudará a garantizar gastos esenciales a quien más lo necesita a través del trabajo que desarrollan ayuntamientos y ONG y, al efecto, agradeció "la labor desinteresada que ofrecen las entidades de voluntariado para ayudar a las personas en situación o riesgo de exclusión social y la labor social que prestan los ayuntamientos, como administración pública más cercana a la ciudadanía".
Esta convocatoria de ayudas salió publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y repartirá 200.000 euros para ayuntamientos o sus organismos públicos dependientes y 100.000 euros para asociaciones o entidades de voluntariado.
El objetivo es cubrir necesidades elementales de las personas como alimentación, productos para la higiene personal básica, gastos de arrendamiento o alquiler de vivienda, así como alojamientos alternativos como pensiones.
Estas ayudas costean suministros básicos de la vivienda habitual entendiendo por tales los consumos de agua, luz y gas y se cubren los gastos necesarios para promover la mejora y/o conservación del estado de salud, como medicamentos o fármacos esenciales.
EMERGENCIA SOCIAL
También se subvencionarán los gastos generales o de funcionamiento en los que incurran las asociaciones o entidades de voluntariado y que sean necesarios para prestar a los usuarios la atención, directamente en sus instalaciones, en las situaciones de emergencia social sin que pueda superar el 10% del importe de la subvención concedida a la respectiva entidad.
Para la concesión de estas ayudas, las bases establecen unos criterios de valoración que, en el caso de las entidades de voluntariado, son, entre otros, la experiencia en la gestión de ayudas a usuarios en situación de emergencia social, el número de personas atendidas en los últimos años, así como el número de personas contratadas y, de entre ellas, las que ocupan la categoría profesional de trabajadores sociales.
Los fondos destinados a esta convocatoria se repartirán en base al orden en la puntuación obtenida en la valoración de las solicitudes.
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