Cae una trama dedicada a promover una urbanización en una rambla de Librilla con 26 investigados

El pasado año y a requerimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) iniciaron la operación para investigar unas supuestas construcciones ilegales en el paraje Torremocha del término municipal de Librilla.

Al parecer, la mayoría de estas construcciones podrían estar invadiendo el dominio público hidráulico de la rambla Torremocha, con el consiguiente riesgo de inundación ante una posible avenida de agua.

De la investigación se desprende que el administrador de la empresa promotora se asoció en una primera fase con otras personas y mercantiles para comprar los terrenos catalogados como no urbanizables y de uso agrícola.

En otra fase posterior se dispusieron a la parcelación y adecuación de las fincas matrices en recintos preparados para la construcción de viviendas, estableciendo para ello calles, vallados, fosas sépticas e instalaciones de redes de suministro de agua y electricidad.

El 'modus operandi' utilizado para enmascarar esta promoción urbanística ilegal consistía en vender los diferentes recintos (parcelas), preparados para la construcción de viviendas, mediante escrituras públicas de compraventa de los terrenos, donde las parcelas se describen y transmiten como una porción indivisible de la finca rústica aunque sin atribución de uso exclusivo sobre la parte del terreno, obviando así la necesidad de solicitar licencias de segregación y parcelación.

Durante el desarrollo de la operación, la Guardia Civil ha inspeccionado 112 recintos, en su mayoría con viviendas en su interior, e investigado a 26 personas entre las que se encuentra el administrador de la empresa promotora, varios colaboradores y un grupo de constructores y propietarios. También se ha detectado que estos hechos se vienen realizando durante alrededor de una década.

Recogido en el Código Penal, comete este delito el que lleve a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural.

O por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección y es castigado con pena de de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años.

La operación se ha desarrollado con la coordinación de diferentes administraciones públicas, como Fiscalía del TSJRM, el Ayuntamiento de Librilla, el Catastro, el Registro de la Propiedad, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad de la Región de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura y la Guardia Civil.