Según ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa carece de pasivo bancario y se encuentra en situación de insolvencia tras la denegación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la suspensión cautelar de una sanción de 34,08 millones de euros que la Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid impuso a la compañía el pasado 11 de febrero, haciéndola exigible.
Previamente, el 12 de junio del año pasado, la compañía había instado la resolución del contrato de concesión por incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de sus obligaciones contractuales.
La empresa concesionaria interpuso un recurso contencioso administrativo contra la sanción el pasado febrero y, anteriormente, en diciembre de 2015, la empresa había llevado el proyecto a los tribunales para exigir la resolución del contrato de concesión, reclamando a la administración regional una indemnización de 369,5 millones de euros en concepto de inversiones realizadas y daños y perjuicios.
Según ha explicado, OHL ha invertido en este proyecto 238,9 millones de euros y "reiteradamente" ha presentado a la Comunidad de Madrid soluciones que harían "social y económicamente viable" el proyecto. Algunas de esas soluciones eran evitar el trasbordo en Móstoles de los pasajeros que realicen el trayecto Atocha-Navalcarnero-Atocha o eliminar las vías en superficie que siguen dividiendo el ámbito municipal de Móstoles.
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