Sí han confirmado su asistencia a la sesión del martes la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, miembro del consejo de administración por IU durante la reforma de la M-30; el jefe del departamento financiero de Madrid Calle 30, Jesús Jiménez Allen; el director general de Desarrollo Urbano Sostenible, director de Madrid Río y actualmente director del contrato de Madrid Calle 30, José Luis Infanzón, o la secretaria del consejo de administración y jefa del departamento jurídico de Madrid Calle 30, Carmen Jiménez Martín-Ortega.
También lo harán el subdirector general de Sector Público, Julio Hernanz Bodero; el jefe del departamento de Construcción de Infraestructuras Singulares, firmante de la memoria justificativa del modificado de 2007, Jorge Presa Matilla; y el jefe de servicios de la Dirección General de Presupuestos, Miguel Ángel Vázquez Gómez.
Están citados también, pero han manifestado su intención de no comparecer, Manuel Cobo, Juan Bravo, Juan Antonio de las Vegas y Manuel Arnaiz.
Entre los asuntos del orden del día que centrarán la sesión figuran la constitución inicial de la sociedad Madrid Calle 30, la justificación económica del modelo elegido, los proyectos de ejecución, el impacto ambiental de las obras, la afección a los vecinos durante la realización de las mismas, además de los plazos de realización y los presupuestos.
El informe definitivo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid indica que el modelo de gestión mixto de Madrid Calle 30 --el 80 por ciento está participado por el Consistorio y el 20 restante por el socio privado, EMESA-- es "lesivo" para las arcas del Ayuntamiento. EMESA está integrada por Ferrovial Servicios, Dragados y API Conservación.
La empresa se creó en 2004 y, a finales de ese año, el Pleno del Ayuntamiento acordó modificar la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad de economía mixta. En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de EMESA. Tras la concesión quedó establecido el modelo económico-financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040.
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