Colau detalla que la huelga del Metro acumula un impacto económico de 546.000 euros en TMB

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha detallado este viernes que el Metro ha registrado desde el inicio de la huelga de Metro de los lunes a finales de abril 1,4 millones de validaciones menos y un impacto económico de 546.000 euros para Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Colau ha garantizado que su equipo comparte la preocupación por la situación en el Metro --cuyos trabajadores plantean hacer huelgas por la Mercè y la Diada-- y está "volcado" en el asunto, ha asegurado en el pleno municipal a preguntas del líder municipal del grupo Demòcrata, el exalcalde Xavier Trias.

Trias ha tachado la situación laboral en el Metro de gravísima y ha exigido al Gobierno municipal que se ponga las pilas para desencallar la situación: "Llegaremos al Mobile y todos a correr, cuando el problema no es el Mobile sino que se afecta a las personas", ha avisado a Colau, que ha presidido el pleno aunque sigue de permiso de maternidad.

Colau ha elogiado el trabajo llevado a cabo por la mediación de la Generalitat y ha replicado a Trias que su Gobierno municipal está tan o más preocupado por la huelga que su grupo: "Seguiremos trabajando con toda intensidad, porque las bases para el acuerdo están", ha zanjado.

Carina Mejías (Cs) ha pedido a Colau un protocolo para garantizar la seguridad de los vigilantes del Metro, ante lo que Colau ha detallado que las lesiones a este colectivo han descendido bajando de 1,78 por cada 10.000 a 1,54 el año pasado, y que la contratación de servicios de seguridad ha implicado una disminución del vandalismo, de 852 casos en 2015 a 490 en 2016.

La CUP ha pedido medidas ante la masificación del transporte público, que se debe a su vez a la masificación turística, según la concejal de Movilidad, Mercedes Vidal, quien ha abogado por "atacar las causas, y no sólo las consecuencias", y ha recordado que han destinado 1,2 millones de la tasa turística a aumentar el servicio de autobuses, y que reforzar el Metro no depende sólo del Ayuntamiento, en referencia al Govern, al que ha vuelto a pedir el 100% de la tasa turística.

CONEXIÓN DEL TRANVÍA

El portavoz del grupo Demòcrata, Joaquim Forn, ha preguntado por la comisión de estudio sobre el transporte público en la avenida Diagonal, aprobada en marzo, y la teniente de alcalde Janet Sanz ha asegurado que se reunirá la próxima semana "para empezar a hacer caminar la comisión".

Ha sostenido que los estudios hasta ahora realizados, incluido el encargado por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) servirán para estudiar el asunto con rigor y sin apriorismos ideológicos, y Forn ha avisado: "No queremos que se alargue más de la cuenta o que se nos tome el pelo y la comisión no sirva para nada".

VIVIENDA

El pleno también ha aprobado ceder al Patronato Municipal de Vivienda solares ubicados en la Marina del Prat Vermell, Trinitat Nova y Poblenou para destinarlas a la construcción de edificios de covivienda; ceder otro solar en Sarrià para viviendas de protección en régimen de alquiler, derecho de superficie y afectados urbanísticos, y ubicar pisos protegidos dotacionales en alquiler en un solar del Besòs i el Maresme.

La cesión de solares para covivienda se ha aprobado con el apoyo del Gobierno de BComú y PSC y también del grupo Demòcrata, Cs y el concejal no adscrito, mientras que la CUP se ha abstenido y ERC y el PP han votado en contra, porque consideran que el suelo público debe destinarse a vivienda de alquiler asequible.

El cedido en Sarrià, en la calle Via Augusta, ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto la abstención de PP, ERC y la CUP, porque rechazan que se destine parte al derecho de superficie, mientras que la medida para constituir un derecho de aprovechamiento a favor del Patronato en Besòs Maresme ha prosperado con el voto a favor de todos menos la CUP, que se ha abstenido.

El pleno también ha presentado una declaración institucional para cambiar la Ley 37/1991 del IVA para diferenciar entre las subvenciones vinculadas al precio y las aportaciones realizadas por las administraciones públicas para la gestión de servicios público, y se ha instado a los partidos en el Congreso a llevar a cabo el cambio "lo más pronto posible".