Compromís insta al Gobierno central a regular la práctica empresarial de la obsolescencia programada

Ortega ha explicado que "la obsolescencia programada es una práctica que emprenden determinadas empresas dedicadas a la fabricación de bienes, con la que pretenden que un producto, después de un periodo de tiempo calculado por el propio fabricante durante la fase de diseño, se vuelva obsoleto".

Todo esto, ha continuado, "sin que el consumidor pueda acabar perdiendo la confianza en la marca y llegue al convencimiento de que la duración del producto es la correcta", ha criticado.

A juicio de la diputada, esta práctica supone además toda una serie de gastos fijos para las personas, "que ven cómo cada cierto tiempo tienen que cambiar inevitablemente de electrodomésticos, de teléfonos o de ordenadores con el problema económico que esto les puede suponer, y sin tener ninguna opción de reparar los aparatos. Una opción que de todas, todas, les resultaría más económica", ha destacado.

En esta línea ha apuntado que las personas con menos recursos económicos son las que más sufren la obsolescencia programada, ya que no pueden pagar productos sostenibles y tienen que utilizar productos de baja gama más frágiles, que se rompen antes. "Una situación que repercute en sus tasas de endeudamiento, ya de por sí muy elevadas", ha indicado Ortega.

EFECTOS MEDIOAMBIENTALES

Por otro lado, la parlamentaria se ha referido a los efectos medioambientales de la obsolescencia programada, que "nos aboca a una calamidad de proporciones calculables", ya que "se calcula en 11 millones de toneladas anuales los residuos que actualmente se generan de aparatos eléctricos y electrónicos".

"El beneficio económico que unos pocos obtienen gracias a las prácticas de la obsolescencia programada genera una estructura económica y social que poco beneficia a los ciudadanos, a los consumidores y al medio ambiente", ha lamentado Ortega, quien ha abogado por "valorar un cambio de modelo".

Así, ha manifestado, "se reactivará el sector de la reparación, se evitarán gastos fijos a la ciudadanía y será beneficioso para el medio ambiente". Para hacerlo, el Gobierno central "tiene que desarrollar un marco normativo que limite y regule las prácticas empresariales basadas en la obsolescencia programada, calculada por los fabricantes de productos", ha señalado.

Además, el Ejecutivo tendría que establecer las medidas necesarias para estimular que las empresas fabriquen piezas de repuesto y garanticen un correcto servicio de reparación de sus productos, "con el doble objetivo de alargar la vida útil de los productos y de reactivar el sector profesional dedicado a la reparación creando empleo", ha apostillado.