La Comunidad crea un nuevo Parque de Viviendas de Emergencia Social con al menos 300 casas

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la creación y regulación del nuevo Parque de Viviendas de Emergencia Social que estará formado por al menos 300 viviendas destinadas a aquellas familias que se encuentren atravesando situaciones de grave dificultad, ha informado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha precisado que ya hay 163 operativas para ser usadas por las familias que lo necesiten.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cifuentes ha explicado que con el objetivo de "garantizar la existencia de un parque de viviendas en número suficiente para dar respuesta a las necesidades de emergencia social", el Decreto establece que en la construcción de nuevas viviendas de promoción pública de la Comunidad, destinadas a arrendamiento, deberá reservarse al menos el cinco por ciento de las mismas para su integración en este Parque.

En cuanto a la fórmula de adjudicación, se ha establecido un nuevo sistema, denominado 'Procedimiento Excepcional de Emergencia Social', que aporta la agilidad administrativa necesaria para dar respuesta inmediata a situaciones urgentes.

La adjudicación mediante el procedimiento de Emergencia Social se hará a favor de personas o familias en situación de grave dificultad en los casos de desahucio de la vivienda que constituye la residencia habitual y permanente del interesado y cuando ésta se produzca como consecuencia de una disminución sobrevenida de los ingresos de la unidad familiar y exista fecha de lanzamiento inminente por resolución judicial.

Igualmente, la adjudicación urgente se podrá realizar cuando se resida en infraviviendas y concurran situaciones de dependencia o problemas de salud graves, derivados o agravados por la situación de la vivienda, así como acontecimientos extraordinarios que dejen a los afectados en situación de exclusión residencial, como pueden ser atentados o derrumbes de edificios.

Además, el Decreto flexibiliza los requisitos para acceder a determinado tipo de viviendas públicas en casos concretos de especial relevancia social como los que afectan a mujeres víctimas de violencia de género a quienes no se les va a aplicar el requisito de estar empadronadas o tener que llevar diez años trabajando en la Comunidad cuando como consecuencia de un episodio de violencia de género se hayan visto obligadas a tener que cambiar de residencia.

Según ha señalado Cifuentes, esta medida "responde a un compromiso social del Gobierno de la Comunidad viene a ayudar a paliar las consecuencias y efectos de la crisis en numerosas familias" y, además, lo que hace el Ejecutivo autonómico es "adecuar las normas de adjudicación de viviendas públicas a las auténticas necesidades de los ciudadanos".

"Una vivienda pública más accesible para quienes más lo necesitan y adjudicada con unos criterios más solidarios y más justos", ha zanjado.