La decisión se ha tomado con los votos a favor de la Cámara de Comercio, La Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, los grupos municipales del PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede y las abstenciones de PP y Cs.
La entidad ha elaborado los estudios económicos para la tramitación de la tasa que han sido aprobados por el Consejo de Administración de la nueva Entidad Pública Local, como paso previo a la aprobación por la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento.
La propuesta formulada por el Consejo de Administración propone el mantenimiento de las mismas tarifas que los vallisoletanos han pagado en los últimos años, ya que con ellas se cubre el 96,85 por ciento de los recursos necesarios para el correcto mantenimiento del servicio, y que ascienden a 12.959.000 euros para el periodo julio-diciembre de 2017.
El resto de los recursos necesarios --409.040 euros--, según señalan fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, se obtienen de la venta de la energía y de la parte del coste soportada por los municipios del entorno que mantienen convenio con el Ayuntamiento de Valladolid.
A partir de 2018, la memoria elaborada para la remunicipalización prevé un incremento medio de la tasa de un 0,97 por ciento al año.
En cuanto a los costes previstos, que ascienden a 13.368.040 euros, se incluyen los 5,4 millones de euros que se dedicarán a inversión en este segundo trimestre, de las cuales las más cuantiosas previstas son las renovaciones de la red de saneamiento (2.650.188 euros), las actuaciones en decantadores de las ETAP de Las Eras y San Isidro (650.000 euros) o las renovaciones en abastecimiento (633.812 euros).
Además, se prevén 7,9 millones de euros en costes de operación gestión y mantenimiento, lo que incluye 2,7 millones en gastos de personal, 1,1 en energía eléctrica y 3,8 millones en el concepto "otros gastos".
La regulación de los ingresos como tasa por la prestación del servicio público del ciclo integral del agua ha cubierto, de esta manera, su primera etapa. En la memoria elaborada para la municipalización se puso de relieve que los ingresos del agua, tanto por abastecimiento y saneamiento como por depuración, deben regularse en una ordenanza fiscal, y no ser considerados un precio privado como venía tramitándose con la concesión a Aguas de Valladolid.
Así, han recordado las mismas fuentes, ha sido determinado por varias sentencias del Tribunal Supremo y así lo informa el Consejo Económico Administrativo de Valladolid.
Se mantendrán asimismo todas las bonificaciones reconocidas, tanto para los jubilados como para las familias numerosas, que no tendrán que volver a realizar la solicitud.
Con la ordenanza se garantiza que todo lo que abonan los vecinos por la prestación del servicio va destinado a su mantenimiento, sin que exista un beneficio privado por la gestión del agua.
La concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, ha declarado "al servicio del agua se va a dedicar lo que los ciudadanos pagan por la tasa. Es decir, todo el recibo que los vallisoletanos pagamos por la gestión del agua cada tres meses se destinará a que se preste correctamente y a que se renueven las infraestructuras. Ya no habrá un beneficio para la empresa privada que lo gestiona, y no se destinará parte del recibo a otros fines que no sean mantener en perfectas condiciones el servicio".
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