El Congreso Nacional de Perú aprobó el jueves un proyecto de ley que prorroga por un año la liquidación de la empresa Doe Run, que opera el complejo metalúrgico de La Oroya, desinflando una protesta social y allanando el camino para poder reactivarlo.
El nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, había anunciado recientemente que su gobierno apoyará la reactivación del complejo.
Incluso abrió la posibilidad de respaldar una manifestación de mineros hacia el Congreso para que la firma cuente con mayor tiempo para resolver sus problemas
El proyecto de ley, cuya aprobación por el Ejecutivo se da por descontada, cae como un balón de oxígeno a La Oroya, en donde el 30% de la población vive de la minería y veía con angustia como se acercaba el plazo para la liquidación de la empresa el 27 de agosto.
La bancada de Kuczynski, quien asumió el poder el 28 de julio pasado, negoció la prórroga con la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, el partido populista de derecha de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
El texto amplía el plazo para la liquidación de forma excepcional en un año, a los procesos concursales de empresas que se encuentren en etapa de disolución y liquidación en marcha. Adicionalmente otorga un año más en caso no se haya llegado a una solución en los primeros 12 meses.
El complejo metalúrgico, sin operar desde 2009 por problemas económicos e incumplir su plan ambiental, está actualmente en manos de una junta de acreedores que busca socios inversionistas o liquidar la empresa.
Doe Run Perú, del grupo estadounidense Renco, opera este complejo metalúrgico con una refinería de metales que ha generado serios problemas de contaminación.
La ciudad de La Oroya (30.000 habitantes), donde se ubica el complejo y ubicada a 3.800 metros de altitud, vive de la minería desde hace más de 100 años y es considerada una de las urbes más contaminadas del mundo.
La prórroga se produce días después que el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fallara a favor de Perú en un litigio con el grupo Renco, que exigía al Estado el pago de 800 millones de dólares por supuestamente incumplir compromisos ambientales.
Perú es el segundo mayor productor mundial de plata, tercero de cobre y quinto de oro, y la minería es vital para su economía.
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