"Estamos cansados de pagar los caprichos de Granados y los proyectos arruinados y ruinosos de Aguirre y Gonzalez", ha espetado Aguado a la presidenta autonómica en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha criticado la inversión realizada en Metro Ligero.
Cifuentes ha dicho que es una infraestructura que "se planificó hace 14 años" y los resultados económicos "no son ni mucho menos lo que entonces se previeron"; pero ha esperado que "a medida en que la situación económica mejore aumente el número de viajeros y por tanto, los resultados económicos mejoren".
Sin embargo, Aguado ha considerado que en la Comunidad de Madrid "además de un gravísimo problema de corrupción hay un gravísimo problema de gestión". "Se me cae alma a los pies cuando analizamos las inversiones de su partido en la región en los últimos 20 años", ha apuntado.
El portavoz de la formación naranja ha afeado a Cifuentes estar sentada en las bancadas de la Asamblea cuando se aprobó el proyecto de Metro Ligero, y ha criticado que es una infraestructura que por cada euro que recauda, los madrileños pagan 55 euros de su bolsillo. Además, ha precisado que se han pagado 654 a las concesionarias y sin embargo, se han recaudado 14 millones.
Ha criticado los criterios técnicos para optar por un Metro Ligero y también las previsiones de demanda. Además, les ha reprochado haber condenado a los madrileños a seguir pagando hasta 2036 un total de 2.000 millones por contratos firmados.
Por eso, ha pedido que se siente con las concesionarias ha renegociar los términos y adaptar el servicio a las necesidades reales de los madrileños.
SE ESTUDIA HACER REEQUILIBRIOS
Por su parte, Cifuentes ha afirmado que "por supuesto" que les gustaría que la rentabilidad económica fuera mejor, pero ha afirmado que en 2016 hubo 15,8 millones de viaje, un 7,5 por ciento más que el año anterior. "Si se hubiera diseñado hoy quizá la hubiéramos planteado de otra manera. No lo sabemos porque no sabemos de todo. Usted sí, que es Leonardo da Vinci", ha añadido.
La popular ha indicado que incumplir los contratos condenaría a las arcas públicas a pagar unas indemnizaciones "inasumibles" de 1.617 millones de euros, algo que no van a hacer. Lo que sí están estudiando es la posibilidad de efectuar reequilibrios y ajustes para reducir las aportaciones como se hizo en 2013.
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