En una carta al actual jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, O'Reilly notifica su decisión de admitir a trámite la denuncia de una asociación de eurofuncionarios en activo y jubilados por el visto bueno dado por Bruselas sin cumplir un procedimiento formal.
La Defensora del Pueblo europeo advierte de que en las actas de las reuniones del Colegio de Comisarios "no hay ninguna indicación" de que el caso fuera discutido en profundidad tras recibir el dictamen del comité ético creado 'ad hoc' para evaluar el caso de Barroso.
Por ello, O'Reilly reclama al Ejecutivo de Juncker que aclare el modo en que tomó posición sobre la situación y que le remita una copia de la decisión motivada si realmente se produjo.
Preguntado por esta cuestión, el portavoz jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha evitado referirse al detalle de la investigación abierta por la Defensora europea, pero ha subrayado que Bruselas gestionó el examen de la contratación de su expresidente de manera "transparente".
En su evaluación, el comité ético apuntó cierta "falta de juicio" de Barroso por fichar por el banco de inversiones estadounidense sin sopesar las consecuencias y el daño que podría hacer a la imagen de la institución, pero concluyó que no se habían vulnerado las normas de la UE, que establecen una cuarentena de 18 meses tras dejar el cargo en Bruselas.
Además de reclamar a la Comisión una explicación detallada de su modo de actuar y detalles sobre la opinión del comité ético, O'Reilly también ha solicitado a la institución que preside Juncker que permita a su equipo inspeccionar todos los archivos que tenga la Comisión relacionados con la evaluación.
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