En la iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en la Comisión parlamentaria de Industria, ERC acusa a las empresas de justificar su cierre por falta de competitividad cuando en la práctica se trata de un nuevo caso de deslocalización que supondrá un "durísimo golpe" para la comarca de la Ribera del Ebro en Tarragona.
Además, la formación teme que sea el inicio de una crisis del sector químico, con amplia implantación en Cataluña, y recuerda que el propio empresariado reclama inversiones en infraestructuras y una reducción del alto coste de la energía eléctrica como premisas 'sine qua non' para el mantenimiento de la industria y la realización de futuras inversiones.
"Dado que el cierre de estas plantas está directamente vinculado a las políticas del Gobierno español, éste debe implicarse en el proceso de diálogo social que necesariamente tiene que abrirse entre empresa y sindicatos para buscar la viabilidad de las plantas", añaden los republicanos catalanes.
PERMITIR LA COMPETITIVIDAD
Por eso, en la iniciativa se exige al Ejecutivo que se implique en los procesos de diálogo con Covestro y Ercros para encontrar soluciones que garanticen la viabilidad de esas plantas en Tarragona y evitar así su cierre, y que impulse con la Generalitat, el resto de administraciones implicadas y los agentes sociales la presentación de un plan para mantener y reindustrializar la provincia de Tarragona, con el objetivo fundamental de mantener el empleo.
Por otra parte, Esquerra exige al Ejecutivo central que "priorice" el ancho de vía europeo y el Corredor del Mediterráneo con conexión en todos los puertos, aeropuertos, plataformas logísticas y centros de producción.
Además, pide una fecha límite para finalizar el tramo de alta velocidad entre Castellón y Tarragona, el ramal de mercancías entre el puerto de Tarragona y Castellbisbal y la resolución de la vía única entre Vandellós y Tarragona, de modo que la industria tenga "motivos de confianza y estímulo" a la hora de quedarse en la zona.
Por último, ERC reclama que en un máximo de seis meses se presente una reforma eléctrica que asimile el coste de la energía a la media europea para favorecer la competitividad industrial, y que traslade al Parlamento y a la Comisión Europea el problema de las deslocalizaciones intracomunitarias basadas en el 'dumping' laboral, social y fiscal para que estas situaciones sean reguladas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios