Bruselas expedientará a España por las ayudas encubiertas a las centrales de gas

Bruselas se ha cansado de advertir que en el mercado europeo de la energía también rigen las reglas de la competencia. Para España, ese cansancio se va a traducir en la apertura de un expediente de infracción por las ayudas multimillonarias (700 millones anuales y más de 3.000 millones entre 2011 y 2015) que se pagan a las centrales térmicas, especialmente de gas, para que permanezcan abiertas pese al exceso de capacidad en el sistema eléctrico. Según fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la tramitación del expediente está muy adelantada. Este diario intentó recabar la opinión del Ministerio de Energía al respecto, pero sin éxito. 

La polémica por los pagos por capacidad, o subvenciones encubiertas según sus críticos, no es exclusiva de España, pero en pocos países alcanzado tanta intensidad. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha defendido las ayudas –muy opacas- por la necesidad de asegurar el suministro eléctrico en un país que es casi una isla energética. Es la misma idea que sostienen las empresas eléctricas y su asociación patronal Unesa. 

El debate ha acabado por tomar forma de demanda en Bruselas. El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentaron el 23 de junio una denuncia ante la Dirección de Competencia de la Comisión Europea por considerar ilegales esos pagos. Unas ayudas ilegales

El abogado Piet Holtrop, uno de los impulsores de la denuncia, define las ayudas que cuestiona desde la Plataforma como "ilegales, recibidas principalmente por las centrales de gas y carbón desde 1997 para que sigan funcionando y en un contexto de sobrecapacidad del sistema eléctrico". Holtrop califica de "buena noticia y algo lógico" la apertura del expediente. 

Un informe de la Universidad de Comillas detalla qué razones concretas llevaron a aprobar los pagos que cuestiona Bruselas y que sufren los usuarios en la parte fija del recibo eléctrico (el termino de potencia). Esas razones son "la rápida incursión de las energías renovables a partir del Plan de Fomento de Energías Renovables 2011-2020; la evolución negativa de la demanda de electricidad debido a la crisis incurrida en España; la limitada capacidad de intercambio por las conexiones internacionales y la notable incorporación de ciclos combinados en una época en la que se preveía una creciente demanda eléctrica". El informe añade "la no posibilidad de hibernación (cierre temporal)" de esas centrales. 

Todos esos factores generan una situación de sobrecapacidad del sistema y dejan a las centrales térmicas como garantes del sistema en apoyo de las tecnología renovables. Pero con una realidad dura, de horas de funcionamiento a la baja y con una situación económica imposible. 

Se enciende de nuevo la vieja polémica en torno a las responsabilidades y la cuestión de quién facilitó los excesos de inversión que ahora pagan los consumidores y que cuestiona Bruselas.  27.000 MW en siete años

Las centrales de ciclo combinado fueron la principal apuesta de las compañías para responder a una demanda eléctrica creciente. En apenas siete años, de 2002 a 2009, se instalaron 27.000 MW de potencia. Un exceso. Las empresas sostuvieron –y sostienen- que se basaron en la planificación del Gobierno de entonces para invertir en torno a 15.000 millones. Pero la planificación fue siempre "indicativa", no vinculante. Invirtieron en exceso porque no percibieron adecuadamente el riesgo. 

El primer plan indicativo, 2002-2011, hablaba de un “mínimo” de 14.800 megavatios en ciclos. En 2005, como ocurrió con las renovables, el objetivo fue elevado (hasta 30.000 megavatios) ante la acumulación de solicitudes. Un boom que ahora se paga caro. 

La cuestión no sólo afecta a España. Los pagos por capacidad se utilizan también en varios países de la UE como Finlandia, Grecia, Portugal, Italia, Irlanda, Suecia y Reino Unido. Pero en ningún país se llevan los pagos con tanto secreto como en España. La CNMC, como el Ministerio de Energía, tienen los datos de cuánto cobra cada instalación, pero nunca los han detallado. 

Tampoco es transparente cómo se determina el precio a pagar por tener esa reserva de potencia de respaldo. No hay un sistema de subasta, al estilo del que sí existe en Reino Unido,  para concretar de forma transparente las cantidades a cobrar por cada instalación. 

Con una parte sustancial del recibo eléctrico sometido al escrutinio comunitario, el mecano levantado en los últimos años por el Gobierno en el sistema eléctrico, a golpe de decreto, se tambalea. No se trata sólo de las cascada de demandas por el recorte renovable . En el Tribunal de Luxemburgo se tramitan –a buen paso y en contra de los argumentos del Ejecutivo- pleitos contra el canon eólico en Castilla-La Mancha y el canon hidráulico nacional. Y está a punto de llegar la demanda contra el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica.