Las familias en situación o riesgo de exclusión social que desde hace meses habitan sin título alguno 34 viviendas adosadas de la urbanización ubicada al oeste del polígono José Díaz, en Espartinas (Sevilla), están ya "todas empadronadas salvo excepciones" y el Ayuntamiento ha emprendido "acciones tendentes a la prestación de ayuda de emergencia a estos vecinos", según un escrito de la alcaldesa del municipio, Olga Hervás (Ciudadanos), recogido por Europa Press.
En dicho escrito, fechado el 20 de abril, Olga Hervás expone que después de que el pleno del Ayuntamiento aprobase una serie de "medidas municipales" respecto a estas familias en situación de exclusión social o riesgo de estarlo, "gracias a las actuaciones de la Policía Local, se ha facilitado el empadronamiento de las familias residentes en la urbanización, estando salvo excepciones todas empadronadas en Espartinas".
Además, la primer edil señala que el Ayuntamiento está "realizando acciones tendentes a la prestación de ayuda de emergencia a dichos vecinos, así como a cualquier otro en similares circunstancias dentro de Espartinas". Igualmente, el Ayuntamiento habría instado "específicamente y por escrito a la Delegación Territorial (de la Consejería de Fomento y Vivienda), para tomar las medidas oportunas en orden a garantizar el derecho a la vivienda de dichas familias".
Juan Antonio Rodríguez, portavoz municipal de IU-CA, ha informado a Europa Press de que estas viviendas en cuestión fueron promovidas por la sociedad limitada Artegescon, actualmente en proceso de "liquidación", con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (la Sareb, el banco malo) como principal acreedor. Según ha rememorado, Artegescon sólo logró vender siete de las 41 viviendas adosadas, todas ellas de dos plantas, y las 34 viviendas restantes habrían quedado abandonadas, siendo objeto de un progresivo "desvalijamiento" mediante el cual los inmuebles fueron despojados de muchas de sus cañerías, instalaciones eléctricas o puertas entre diferentes elementos expoliados.
Todo ello hasta que, en septiembre de 2015, una "pareja joven" se instaló en una de las viviendas, sin contar con relación contractual alguna con dicho inmueble, tras lo cual diferentes familias de "Espartinas, Castilleja de la Cuesta, Bollullos de la Mitación o Villanueva del Ariscal" se han instalado también en estas casas adosadas, ocupando supuestamente todas ellas hasta no dejar "ni una libre".
Se trata, según Juan Antonio Rodríguez, de familias mayormente formadas por personas menores de 40 años, figurando un total de "30 menores" de edad entre estas personas.
ACUERDO EN EL PLENO
Como consecuencia de esta situación, Juan Antonio Rodríguez ha explicado que el pasado 31 de marzo, el pleno del Ayuntamiento de Espartinas aprobó "por unanimidad" una moción relativa a este colectivo de familias. En la moción se acordaba "emprender medidas municipales, en base a la legalidad y competencias, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población en exclusión social", facilitando "la regularización del estado de las familias de la urbanización al oeste del polígono industrial José Díaz, facilitándose el empadronamiento y el acceso de las mismas a los servicios de suministros mínimos vitales".
En paralelo, se instaba a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a "intervenir en la solución a esta situación de emergencia y garantizar el derecho a la vivienda de estas familias con la dignidad que se merecen". Por último, se acordaba "prestar atención urgente y desde los servicios sociales a las familias afectadas por esta situación de precariedad y en especial a los menores en edad escolar, en cuanto a las necesidades educativas y alimenticias que padecen".
MEDIDAS EN MARCHA
En paralelo, el Equipo de Gobierno defendía en un comunicado las medidas promovidas por el Ayuntamiento para "identificar y ayudar a vecinos de Espartinas en situaciones de necesidad", emprendiendo acciones para adherirse al convenio con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial, de 1 de marzo de 2016, que "permitirá paliar los efectos de los desahucios por impagos de rentas o hipotecas de algunas familias". Igualmente, señala el Ayuntamiento su adhesión a los convenios de colaboración suscritos por la FAMP con Endesa e Iberdrola, para "facilitar la cobertura de suministro eléctrico a familias que devienen en especial situación de vulnerabilidad económica".
Pero avisa el Gobierno municipal de que "todas estas medidas de carácter social no amparan ni dan cobertura al fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas", porque "la ocupación forzada de viviendas vacías es un acto ilegal (...) y un Ayuntamiento no puede amparar ni justificar estos comportamientos antisociales, que son fuente de inseguridad jurídica y problemas de convivencia vecinal".
"Ninguna ocupación ilegal de vivienda será objeto de cobertura o apoyo por parte del Ayuntamiento de Espartinas, siendo la instigación a la ocupación una conducta completamente irresponsable, que deberá afrontar las consecuencias legales que el ordenamiento jurídico prevé para estos casos", avisa el Consistorio.
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