Felipe López anuncia una partida de 22,5 millones para atender las ayudas solicitadas por los compradores de VPO

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha anunciado en el Parlamento que la Junta de Andalucía destinará una partida de 22,5 millones de euros, a través del nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación, a abonar las ayudas solicitadas por los adquirentes de VPO, asegurando que "a pesar de no existir un compromiso económico con estas familias, ya que no había resolución definitiva, se ha considerado prioritario atender sus expectativas".

En ese sentido, López ha detallado que de esa partida la Consejería dispone para este ejercicio 2016 un total de 7,5 millones de euros, añadiendo que para desembolsar dichos recursos "se está revisando ya la documentación presentada en su día por los solicitantes para actualizar los expedientes".

López ha recordado que este compromiso de la Junta dista bastante de la postura adoptada por el Gobierno central, que "decidió quitar a las familias esta subvención, a través de la introducción a escondidas de una disposición adicional en la Ley 4/2013". "El Gobierno socialista de Andalucía ha decidido mantener su apoyo a pesar de las circunstancias económicas actuales agravadas por la gestión del Gobierno del PP en España", ha aseverado.

López ha destacado que para abonar las ayudas en los ejercicios 2017 y 2018 el nuevo Plan de Vivienda prevé poner en marcha una orden, que verá la luz en el primer trimestre de 2017, puesto que ya se está trabajando en su redacción. "Esa orden, tal y como ha aclarado, regulará el procedimiento para la concesión de subvenciones a los adquirentes de vivienda protegida en régimen de concurrencia competitiva", añadiendo además que establecerá como criterio de priorización la antigüedad en la adquisición del inmueble.

Entre los requisitos exigidos para acogerse a esta línea de ayudas, los ingresos de las familias beneficiarias no podrán superar los 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) o no haber superado este límite teniendo en cuenta tres de los cinco periodos impositivos anteriores a la solicitud cursada. En función de estas rentas, la convocatoria podrá fijar tramos en los que se prevean porcentajes de reducción sobre las ayudas inicialmente previstas.