Fiscalía denunció al exconsejero Graciano Torre por prevaricación a finales de marzo

  • La Fiscalía del Principado de Asturias decidió a finales de marzo denunciar al exconsejero del Gobierno asturiano Graciano Torre ante un juzgado de Oviedo por un presunto delito de prevaricación relativo a los contratos para la extensión de la cobertura de Televisión Digital Terrestre (TDT). Así consta en uno de los escritos de la fiscal instructora, al que ha tenido acceso Europa Press, que tiene fecha de 27 de marzo.
EUROPA PRESS

Ha habido que esperar, sin embargo, hasta este viernes 2 de junio para que trascendiera la noticia, que ha publicado el diario asturiano 'El Comercio' y que han confirmado fuentes cercanas al proceso. La denuncia se basa en más de 150 contratos menores para repetidores de TDT realizados entre octubre de 2013 y diciembre de 2016 por una cuantía total de 2,3 millones de euros.

Fue el partido Foro Asturias el que alertó sobre el asunto y el que llevó a Fiscalía un escrito en noviembre de 2016, ya con Francisco Blanco en la Consejería, para denunciar lo ocurrido. En su escrito entendían que se estaba produciendo un fraccionamiento de contratos. En total, desglosaron 156 contratos repartidos en 26 meses, todos con la misma empresa, Retevisión, todos menores de 18.000 euros. Desde Foro pidieron que se librase oficio a la Consejería para que informasen de las personas que autorizaron los contratos.

En su escrito, Foro señalaba que la Consejería que bajo la responsabilidad de Graciano Torre hasta julio de 2015 y de su sucesor, Francisco Blanco, quien dimitió hace una semana, se habría organizado "un irregular entramado de fraccionamiento de los contratos de mantenimiento y coubicación de equipos de TDT propieda del Principado de Asturias". Foro cree que se recurrió a la figura del contrato menor "para evitar la aplicación básicos de la contratación pública" y que se optase a un concurso donde pudieran optar otras empresas.

En su escrito también señalan como indicio que en la firma de esos 156 contratos no consta la firma del director general del ramo, como suele ser habitual, sino que es el propio consejero el que los firma.

Añaden que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia analizó los precios de coubicación y mantenimiento del mayorista "descubriendo que no se correspondían con sus costes reales ni con un margen razonable, por ello en mayo de 2014, impuso una rebaja en los precios de coubicación de la señal, alterando hasta 70 tarifas a la baja, una depreciación que la Consejería no repercutió en sus contratos de coubicación, produciéndose un daño económico a la administración".

El Gobierno asturiano, según el escrito inicial de denuncia, ya con Francisco Blanco al frente, no regularizó la situación y, si bien decidió no suscribir más contratos menores, siguió prestando el servicio bajo una autorización tácita, sin contrato, según se relata en la denuncia inicial.

De esta forma, el partido presidido por Cristina Coto pedía a Fiscalía que investigase, ante los hechos que apuntaban a arbitrariedades e irregularidades que, entendían, perjudicaban derechos individuales, por cercenar la publicidad y la libre concurrencia de empresas, pero también de la propia Administración regional, al limitar las adjudicaciones a una sola empresa, no pudiendo beneficiarse las administración de precios más bajos en un concurso. Ahora tendrá que ser el juez el que se haga cargo de la denuncia y la instruya.

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