El Ayuntamiento de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón alquiló en 2008 el local que hoy es la Oficina de Atención al Contribuyente en la calle Hierro, 27 (Arganzuela) durante un plazo de diez años, tiempo en el que no se ha tenido en cuenta la bajada de los precios del alquiler ni el hecho de que había espacios municipales en desuso, con lo que el Consistorio podía haber ahorrado a las arcas públicas 4,9 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a la construcción de dos escuelas infantiles.
Así lo indica el primer informe realizado por un grupo de vecinos de Arganzuela agrupados en torno a la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, trabajos que arrancaron en abril de hace un año para investigar contratos públicos del Ayuntamiento y con denominadores comunes, como la ilegitimidad política del gasto y la "sospecha de algún tipo de contratación irregular".
Este primer caso investigado por la ciudadanía partió de una vecina de Arganzuela, que se interesó por el local nuevo que se abría en el distrito donde domiciliar el IBI. En rueda de prensa ha explicado que le llamó la atención que se estuviera alquilando un local privado por parte del Ayuntamiento cuando había espacios infrautilizados o en completo desuso, como en el Mercado de Frutas y Verduras, donde se ha hecho la presentación de las conclusiones y que está "a cinco minutos" del alquilado.
El local fue arrendado a la empresa inmobiliaria Building Center, propiedad de Caixabank. El contrato fue firmado por el Consistorio el 15 de julio de 2008 por diez años, con un precio de alquiler mensual de 22.623 euros, sin IVA. Los datos los han obtenido a través de peticiones de información al Ayuntamiento, los presupuestos municipales, el Portal de Transparencia municipal y la subdirección general de la Auditoría de la Deuda del Consistorio.
A fecha de vencimiento del contrato, el próximo 2018, el coste del arrendamiento se elevará a 2,7 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar el IPC anual, que ha supuesto un incremento del 12 por ciento hasta el pasado ejercicio (325.771 euros más). A esto hay que añadir el IVA, que equivale a 655.654 euros, de modo que el coste final del alquiler sería de 3,6 millones.
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
El local tuvo que ser acondicionado para prestar servicio como Oficina de Atención al Contribuyente, con cargo a las arcas municipales. Para ello se firmó un contrato con FCC por 1,1 millones. El monto global ascendería a 4,9 millones, sin incluir gastos de comunidad, consumo de energía o agua.
Desde la plataforma ciudadana han destacado que con estas cifras hay que tener en cuenta la bajada de entre el 30 y el 50 por ciento en los precios de los alquileres comerciales. "Teniendo en cuenta la dinámica de los precios del alquiler de los locales comerciales y el precio de partida, parece un gasto muy elevado y podemos estimar que hay una dejación de la salvaguarda del dinero público y una mala gestión de la negociación con el arrendatario", recoge el informe.
La plataforma ha destacado igualmente el hecho de que el Ayuntamiento dispone de locales en desuso en el distrito, "como una parte del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de la plaza de Legazpi o el edificio de la Agencia de Empleo en la avenida Doctor Vallejo Nájera".
Si se hubiera dispuesto de uno de estos locales de propiedad municipal, las arcas públicas podrían haberse ahorrado 3,6 millones de euros. Incluso si se hubiera arrendado este local privado pero aplicando la bajada de precios del sector, el ahorro habría sido de 1,1 millones.
ESCUELAS DE MÚSICA, CENTROS DE MAYORES...
Con este dinero, recoge el informe, se podría haber construido dos escuelas infantiles o dos escuelas de música. Otra posibilidad sería la de haber levantado dos centros de mayores o veinte kilómetros de carril bici en Arganzuela, "tan necesarios dada la escasa dotación pública del distrito".
A la vista del informe, la plataforma considera el gasto "ilegítimo pues no reporta ningún beneficio a los ciudadanos, ni de carácter económico, social, medioambiental o de género y genera una inversión a fondo perdido de dinero público excesiva en el tiempo e irreversible con el único lucro para una entidad bancaria, actual propietaria del inmueble".
La plataforma recomienda al área de Economía y Hacienda, dirigida por Carlos Sánchez Mato, y a la Junta de distrito, presidida por Rommy Arce, que busquen otra solución para el local arrendado dado que el contrato expira el 14 de julio de 2018. "Con el gasto asumido en esta decena de años se podría haber comprado el local o haber invertido el importe del alquiler en ayudas a la dependencia, vivienda social, escuelas infantiles, centro de mayores...".
Por otro lado, esta iniciativa ciudadana ha criticado al gobierno municipal por el tiempo de tardanza en recibir la información solicitada, con independencia de la aplicación de la ordenanza y la ley de transparencia.
El Ejecutivo municipal presentó hace escasos días las conclusiones de los primeros trabajos de la auditoría general de la deuda, compromiso que Ahora Madrid llevaba en su programa electoral. A esto se suman los varios grupos auditores que se están poniendo en marcha en distintos distritos por parte de la ciudadanía.
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