En declaraciones a la prensa tras el anuncio del Consejo de Ministros, ha criticado que la medida llega en mitad del ejercicio, y ha anunciado que la Generalitat analizará "si, desde el punto de vista constitucional o legal, un Gobierno en funciones puede aplicar una reforma tributaria con efectos en el mismo ejercicio".
Ha considerado que "sería bueno" que el Congreso de los Diputados no aprobase este decreto ley del Gobierno central, y ha reprochado que supone un préstamo obligado de tipo cero de las empresas al Estado que aportará más de 8.000 millones de euros que no se destinarán a mejorar la competitividad ni el Estado del Bienestar, sino a enjugar el déficit público.
Ha añadido que esta modificación puede perjudicar la actividad futura de las empresas afectadas --las que facturan más de 10 millones de euros-- al reducir su tesorería, y ha explicado que son compañías de todo tipo, desde industriales a comercializadoras y exportadoras.
El decreto ley aprobado este viernes por el Gobierno español establece un tipo mínimo del pago fraccionado del 23% en el impuesto de Sociedades a las empresas que facturen más de 10 millones de euros, unas 9.000 en todo el país según los cálculos del Ministerio de Hacienda, y del 25% para bancos y refinerías.
Fuentes de la Generalitat han explicado a Europa Press que la cifra de empresas catalanas es la mitad del total si se tienen en cuenta los cálculos del Ministerio, aunque han matizado que puede haber diferencias en la contabilización, por ejemplo, dependiendo de si una empresa matriz y sus filiales se cuentan una única vez o varias.
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