Herrera cree que habría sido una "calamidad" no contar con la energía nuclear y térmica en los primeros meses del año

  • El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha señalado este viernes en la capital burgalesa que habría sido una "calamidad" no contar con la energía nuclear y térmica en los primeros ocho meses del año.
Herrera cree que habría sido una "calamidad" no contar con la energía nuclear y térmica en los primeros meses del año
Herrera cree que habría sido una "calamidad" no contar con la energía nuclear y térmica en los primeros meses del año
EUROPA PRESS
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Herrera, quien ha visitado las instalaciones del centro 'Puentesaúco' de Aspanias, ha remarcado que si no hubiera sido por este tipo de energía, España no podría haber contado con el suministro de energía necesario en ese periodo. "Hubiera sido un desastre", ha añadido.

Por ello, se ha dirigido al Gobierno central para insistir en la idea de que "con la energía no se juega" y ha recordado que el mes de agosto comenzaba con la decisión gubernamental del cierre de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña, una decisión que, según ha dicho, solicitaba "mucha gente" salvo la Junta de Castilla y León, UGT y los municipios del entorno.

Juan Vicente Herrera ha insistido en que, en relación a la energía, "hay que tener un poquitín más de prudencia" a la hora de adoptar decisiones y ha confiado en que las razones que afectaron al cierre de la planta nuclear de Burgos no afecten ahora al mantenimiento de las centrales térmicas y las cuencas mineras.

En este sentido, ha insistido en que el precio del carbón nacional es "competitivo" porque es más bajo que el internacional y, si bien no ha entrado a valorar el porcentaje que este tipo de energía debería ocupar en el mix energético nacional, ha abogado por su mantenimiento "a partir de la plena seguridad".

Finalmente, ha asegurado que la dotación económica para las cuencas mineras en Castilla y León está comprometida y ha recordado que existe una comisión de seguimiento, en la que participan grupos parlamentarios, municipios y sindicatos, para "dar credibilidad" al plan de dinamización establecido.

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