Se trata, en concreto, de 13 viviendas en Aliseda, seis en Hervás, una en Palomas y tres en Santa Marta de Magasca; y que se suman a las cinco que ya adquirió también la Administración regional en Aliseda hace unos meses dirigidas a familias en situación de "especial vulnerabilidad", y en "aras a ir garantizando poco a poco el acceso a una vivienda digna por parte de las familias que atraviesen peores dificultades y por tanto más débiles" de la sociedad.
De este modo lo ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, quien ha subrayado que la medida se enmarca dentro de la "firmeza" del Ejecutivo regional del PSOE para que hayan "desaparecido" en la comunidad autónoma los desahucios de "aquellas familias que no pueden hacer frente" al pago de la vivienda, y para "garantizar" el derecho constitucional de "acceso a una vivienda a todas las personas".
Con la adquisición de esas viviendas se atenderán las necesidades de los colectivos con dificultades para acceder al mercado inmobiliario, bien por su bajo nivel adquisitivo o por sus circunstancias específicas, conjugando esa necesidad con los principios de eficacia, optimización y racionalización de recursos y de gasto público.
Finalmente, Gil Rosiña ha recordado que gracias al Servicio de Intermediación Bancaria que viene desarrollando la Junta a través del Observatorio de la Vivienda 378 familias "no se han quedado en la calle", en el marco --ha añadido-- de la Ley Emergencia Social de la Vivienda y de la política "clara" del Ejecutivo regional de "evitar que en Extremadura las familias que no podían hacer frente al pago de su vivienda se quedaran sin su hogar".
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