Así lo indica el consejero del ramo, José Fiscal, en una respuesta, consultada por Europa Press, a una pregunta parlamentaria del Grupo de Podemos, en la que se instaba al Consejo de Gobierno a confirmar que, desde el 2011 hasta la actualidad, se ha acatado la recomendación de la Misión Ramsar de no considerar proyectos de explotación minera con impactos potenciales sobre esta zona.
"Conforme a los antecedentes obrantes en esta Consejería, se concluye que el Consejo de Gobierno ha acatado la recomendación recogida en la exposición de motivos de la iniciativa", señala Fiscal.
Previamente, Podemos, en su exposición de motivos, señalaba que la Misión Ramsar de asesoramiento al humedal de importancia internacional Doñana, llevada a cabo conjuntamente con el Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco y con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) --en su calidad de asesora técnica para los sitios naturales del Patrimonio Mundial-- consensuó, en un informe fechado en enero de 2011, las conclusiones y recomendaciones que son aplicables a Doñana.
Una de las recomendaciones de la misión, en este sentido, recordaba el accidente minero de Aznalcóllar de 1998 y el desarrollo subsecuente de políticas relativas a la minería y las áreas protegidas, especialmente aquellas de alto valor, como las inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial y la Lista Ramsar.
Se incidía también en la decisión del Comité del Patrimonio Mundial, en su 22ª sesión (Kioto, Japón, 1998), en la que se afirma que se alienta al Estado Parte a tener en cuenta la Declaración de la Comisión Mundial sobre Áreas Protegidas de la UICN sobre actividades mineras y áreas protegidas, a la cual pasó revista el Comité.
La misión llegó a la conclusión de que se debe disuadir cualquier actividad minera con impactos potenciales sobre el sitio del Patrimonio Mundial y sitio Ramsar y sobre el río Guadalquivir o sus tributarios, sugiriendo que el Comité del Patrimonio Mundial y la Conferencia de las Partes en Ramsar consideraran recomendar que el Estado Parte siga las políticas de mejores prácticas y que confirme que no se están considerando proyectos de explotación minera con impactos potenciales sobre estos entornos.
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