Así consta en el Decreto aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno que regula el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León --sustituye al vigente desde 2008-- con el objetivo de buscar fórmulas que coadyuven a reducir el actual conflicto social entre la convivencia del lobo y la cabaña ganadera.
Según ha explicado la portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, la finalidad del Plan es seguir manteniendo la población de lobos en un estado de conservación favorable, buscar la compatibilidad con el aprovechamiento ganadero tradicional y favorecer que la especie se convierta en un "elemento dinamizador" de desarrollo rural.
Para ello, las principales acciones se centran en lograr la compatibilización con la ganadería extensiva a través de la aplicación de medidas preventivas que logren evitar los daños y con otra serie de actuaciones para compensar adecuadamente los daños si llegan a producirse a través de ese seguro que correrá a cargo de la Junta.
El nuevo Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León parte de un análisis que considera que el lobo se encuentra en un estado de conservación "favorable" ya que ha aumentado su población en la última década y sitúa el principal problema para su conservación en la conflictividad que genera por los daños producidos a la ganadería extensiva.
En concreto y según el último censo, 2012-2014, en Castilla y León se ha detectado la presencia segura de 179 manadas -el 60 por ciento de las existentes en toda España-, 30 más de las contabilizadas en el último censo regional de 2001, "consideradas todas como una única población biológica que se ha extendido desde el norte de la Comunidad a las zonas del sur del río Duero".
La Junta insiste a este respecto en que no existe amenaza previsible que ponga en peligro la supervivencia de la especie, "salvo las derivadas de la conflictividad por los daños a la ganadería", por lo que reitera que el estado de conservación de la especie en la Comunidad es favorable, "llegando incluso a expandirse a las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y esporádicamente en La Rioja y en el País Vasco".
Por otro lado, se establecerá un 'Catálogo de Buenas Prácticas Ganaderas en las zonas loberas' en el que se indicarán las medidas de custodia y prevención de daños a la ganadería y cuya puesta en práctica contará con líneas de ayuda de la administración de Castilla y León.
No obstante y si a pesar de estas medidas el daño persiste, el Plan contempla la posibilidad de realizar "medidas de control sobre la población" en el marco de la normativa nacional y europea que contempla esta posibilidad tanto al norte como al sur del Duero.
APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS
El decreto establece también las pautas para la realización de este aprovechamiento cinegético sostenible de la especie para lo que se fijan cupos de caza para el conjunto de la comarca correspondiente que, con carácter general no superará el 10 por ciento de la población, porcentaje que podrá llegar al 18 "en aquellas situaciones con una mayor siniestralidad por daños a la ganadería".
Por su parte, al sur del Duero, donde el lobo no tiene la consideración de especie cinegética sino de estricta protección por disposición de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, la Administración podrá autorizar de forma excepcional acciones de control a realizar bien directamente o mediante la participación de otro personal debidamente autorizado "y siempre bajo su supervisión y su estricto control", de conformidad con lo establecido en la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad, al tiempo que incrementará la vigilancia frente al furtivismo y el uso de cebos envenenados.
Valdeón ha explicado de que el nuevo Plan pretende resaltar los aspectos más positivos de la especie y su potencial como dinamizador de las áreas rurales donde se encuentra para lo que se establecen medidas para fomentar su aprovechamiento turístico sostenible.
En el documento se establecen medidas para incentivar la investigación de la especie con especial hincapié en las medidas sobre técnicas de prevención y minimización de daños a la ganadería. También se da "gran importancia" al seguimiento poblacional que permite tomar las decisiones sobre la especie con el mayor conocimiento de la misma, con la creación de patrullas específicas para el seguimiento de la especie.
La Junta desarrollará e impulsará campañas de divulgación, información y educación ambiental sobre el lobo y el contenido del Plan diseñadas y dirigidas específicamente para cada sector de la población, especialmente a los habitantes del medio rural en general y ganaderos en particular, además de a los cazadores, la sociedad urbana y también a la comunidad escolar, en este último caso en colaboración con la Consejería de Educación.
También recoge el compromiso de realizar cursos de formación dirigidos a técnicos, agentes forestales y medioambientales, celadores e integrantes de patrullas de seguimiento de fauna, así como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con contenidos referidos a la gestión de la especie, la lucha contra las causas de mortalidad incidental y la valoración de los daños ocasionados a la ganadería.
Por último, el nuevo Plan modifica los órganos de asesoramiento y crea la Mesa del Lobo como un órgano de participación e intercambio de experiencias entre todos los sectores sociales implicados en la adecuada gestión y conservación de la especie.
Entre sus miembros figurarán representantes de las consejerías competentes en materia de medio ambiente y ganadería, representantes de las organizaciones profesionales agrarias, de las asociaciones entre cuyos fines se incluya la conservación de la naturaleza, de los colectivos de cazadores y de las empresas de eco-turismo que realicen su actividad sobre la especie.
Además, el nuevo texto legislativo recoge también la constitución de un Comité Científico formado por representantes de las universidades de la Comunidad Autónoma, de los colegios profesionales relacionados con la gestión de la fauna y la ganadería, y por profesionales de reconocido prestigio sobre la especie y sobre la gestión de la ganadería extensiva.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por su parte, designará un coordinador del Plan para supervisar las actuaciones e iniciativas que se lleven a cabo y para coordinar y promover la colaboración con los órganos de participación, la comunidad científica y cualquier otra institución dedicada a velar por la conservación y protección de los valores naturales, entre ellos, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y, si fuera necesario, el Ministerio Fiscal.
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