Junta reivindica su actuación en medidas de control y calidad ambiental frente a las acusaciones de dejación del PP

"Si pregunta a las empresas probablemente le dirán que vamos mucho más allá y que somos de las comunidades autónomas con más controles e inspecciones y ciñéndose más a rajatabla a la normativa", ha defendido el consejero

Con dichas medidas, según ha precisado Fiscal en respuesta a una interpelación del PP en el Pleno del Parlamento andaluz, se pretende fomentar la sostenibilidad en la actividad económica de las empresas y la innovación técnica de sus instalaciones, para lo cual cuentan con el apoyo y colaboración de la Junta de Andalucía. De hecho, ha dicho reciben continuas visitas de otras comunidades y países para aprender del sistema andaluz.

En esta línea, el consejero ha recordado que la normativa autonómica ofrece para ello tres herramientas fundamentales de control: la Autorización Ambiental Integrada (AAI), la Autorización Ambiental Unificada (AAU) y la Evaluación Ambiental Estratégica.

Sobre la AAI, regulada en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) de 2007, Fiscal ha explicado que es un permiso que conceden las comunidades autónomas a las empresas implicadas en la directiva comunitaria, una vez realizada la evaluación de sus instalaciones y de las emisiones industriales que generan.

En la actualidad, en Andalucía cuentan con este permiso un total de 587 instalaciones industriales, de las cuales 474 se encuentran en funcionamiento y el resto (117) en proceso de cierre, inactivas, cerradas temporalmente o no puestas en marcha. Esta autorización, "garantista y rigurosa, está destinada a las actividades de mayor entidad y repercusión sobre el medio ambiente".

Por su parte, la AAU, prevista en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, se caracteriza por simplificar en un permiso único los distintos procedimientos administrativos de prevención y control ambiental que actualmente se exigen para determinados proyectos y actividades económicas, incluidas las determinaciones resultantes de la evaluación ambiental de las acciones que se autorizan.

En cuanto a la Evaluación Ambiental Estratégica, el consejero ha asegurado que con ella se facilita la incorporación de los aspectos ambientales en los procesos de elaboración de políticas, planes e instrumentos de planeamiento urbanístico, analizando sus posibles efectos sobre el medio ambiente.

A todo ello se suman las autorizaciones de control de contaminación ambiental, la calificación ambiental, de competencia de los ayuntamientos y la declaración responsable de los efectos ambientales.

Por otra parte, la Consejería está llevando a cabo un Programa de Inspección Ambiental en las instalaciones sometidas a Autorización Ambiental Integrada para comprobar si los distintos sectores productivos cumplen la normativa ambiental y los condicionados establecidos en la AAI, para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Para este año se han programado 357 inspecciones de las 587 instalaciones con AAI, es decir, en el 60 por ciento de las existentes. Además, 63 de ellas se realizarán a actividades mineras.

LA JUNTA "ARREGLÓ EL DESAGUISADO" EN LA ZARZA

Durante su intervención, el consejero se ha vuelto a referir al vertido minero de aguas ácidas en La Zarza, en la provincia de Huelva, para destacar que ha sido su departamento el que ha llevado a la Fiscalía dicho incidente. Asimismo, ha incidido en que "la Junta ha sido proactiva desde que tuvo conocimiento del vertido y se ha trabajado de forma muy eficaz, como así han reconocido instituciones como la Universidad de Huelva".

"Es obvio que no se dio margen a improvisación, sino que se actuó de manera organizada: con La Zarza se ha demostrado que la Consejería tiene capacidad de reacción ante sucesos con riesgo ambiental. En este asunto lo que hizo la Consejería fue arreglar el desaguisado, y que se nos acuse de tener alguna responsabilidad en el accidente es absolutamente gratuito y cae por su propio peso", ha afirmado.

Para terminar, Fiscal ha afirmado que en materia minera "restaurar es prevenir" y ha asegurado que habrá fondos que se invertirán para mejorar, si cabe, la seguridad de las instalaciones mineras abandonadas que existan en Andalucía.

De su lado, la parlamentaria Carmen Céspedes ha aludido a ejemplos de actuación mejorable, principalmente vinculados con la minería, como los casos de polvo en suspensión detectados el pasado verano en poblaciones anexas a la mina de Riotinto --cuyo expediente aún se instruye-- o irregularidades en a la licencia a Cobre las Cruces, así como el propio caso de La Zarza.

"Hay partidas cuya ejecución ha sido del cero por ciento. En prevención no se está haciendo absolutamente nada", ha afirmado Céspedes, que apuesta por que "cada uno haga lo suyo: la Junta, prevenir, y las empresas, cumplir con todas las autorizaciones ambientales, con buenas prácticas empresariales y la ejecución de los planes de restauración".