De esta forma, la ILP está en disposición de que cualquier grupo parlamentario pida su inclusión en el orden del día de un Pleno para debatir y votar su toma en consideración, lo que tendrá lugar en el próximo periodo de sesiones, ya que el jueves pasado la Asamblea celebró el último pleno del actual periodo de sesiones.
Julio y agosto son inhábiles, mientras que las obras previstas para la renovación del sistema de sonido, vídeo, audio, votaciones y comunicaciones del salón de Plenos y otros espacios de la Asamblea se prolongarán previsiblemente hasta mediados de septiembre, de manera que no habrá Pleno hasta la segunda quincena de septiembre.
En el caso de que la mayoría de la Asamblea apoye la toma en consideración, se abrirá el plazo para la presentación de enmiendas por parte de los grupos, sin que sean admisibles enmiendas a la totalidad que postulen su devolución, y su envío a la Comisión competente. Por el contrario, si la mayoría de la Asamblea rechaza la toma en consideración, la ILP quedará rechazada. La iniciativa ya cuenta con el apoyo de PSOE y Podemos.
Promovida por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Asociación Libre de Abogados, esta ILP pretende "garantizar y desarrollar el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid".
La ILP regula la vivienda social en torno al "derecho de uso", estableciendo un procedimiento general de acceso a la vivienda, así como un procedimiento de emergencia.
En ningún caso se podrá enajenar la vivienda pública ni privatizar su gestión o externalizar aspectos de dicha gestión a empresas privadas, actuando la Agencia de la Vivienda Social como agente vertebrador y participado para el acceso a la vivienda social de la Comunidad de Madrid.
USO ANTISOCIAL DE LA VIVIENDA PRIVADA
Asimismo, regula la función social de la vivienda privada y establece los supuestos de usos antisociales de la propiedad, como las viviendas deshabitadas, entre otros.
Se establecen las medidas para la prevención del uso antisocial reforzadas con un régimen sancionador, y se define la categoría de los grandes tenedores de vivienda, siendo en mayor medida las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
Dichas entidades deben garantizar, con carácter previo a cualquier procedimiento de desahucio, desalojo y lanzamiento, el ofrecimiento de una garantía habitacional de acuerdo a la renta económica de la unidad familiar. Las sanciones van desde los 4.500 euros por infracciones leves hasta 600.000 euros por infracciones muy graves.
Por otro lado, se regula la protección al consumidor hipotecario creando para ello la Agencia de Protección al Consumidor, estableciendo un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones en aras de disuadir a las entidades financieras de la comisión de "abusos" bancarios.
Asimismo, la ILP contempla una serie de medidas para evitar la pobreza energética, como que las administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable y energía a los hogares en situación de vulnerabilidad.
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