La presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, ha criticado hoy con dureza la reforma fiscal acometida por el Gobierno de Rajoy a finales de 2016, que obliga a las empresas a anticipar la tributación vía Impuesto de Sociedades, y ha abogado por la vía judicial, en la línea de lo barajado por la CEOE, para defender de este modo la "seguridad jurídica" del empresariado.
De Miguel, quien ha participado hoy en la sede de la CVE en una jornada de análisis sobre los efectos de dicha reforma en las empresas, organizada conjuntamente con la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la consultora Deloitte, ha calificado de "muy grave y preocupante" la situación que el Ejecutivo de Rajoy ha provocado en el sector empresarial ante la adopción de una medida con efectos retroactivos adoptada en diciembre de 2016, cuando los empresarios "ya tenían hechos el presupuesto de ingresos y gastos y la previsión económico financiera".
La presidenta de la CVE, en declaraciones recogidas por Europa Press, tras recordar que la CEOE estudia presentar recurso de inconstitucionalidad, incide en que el problema no es tanto por lo que supone de impacto para las empresas, que contarán con menos efectivo al tener que anticipar la tributación por el Impuesto de Sociedades, "sino desde el punto de vista de la credibilidad de España de cara al exterior a la hora de captar inversión extranjera, pues va a ser muy difícil convencer a alguien de que invierta aquí cuando a mitad del partido te cambian las reglas del juego".
Por ello, De Miguel es partidaria de recurrir esa reforma para defender la "seguridad jurídica y así lograr que las empresas sean más competitivas, acabar con el desempleo y mejorar la economía del país".
LAS MÁS PERJUDICADAS, LAS EMPRESAS CON PÉRDIDAS
La reforma fiscal supone un ensanchamiento de las bases imponibles de las empresas, al haberse aprobado para 2016 una restricción en la compensación de créditos fiscales, lo que provoca una anticipación en la tributación de éstas por el Impuesto de Sociedades, "con la particularidad de que las más perjudicadas son aquellas que lo pasaron peor en los años de la crisis y que dieron pérdidas", ha explicado Diana Soto, de Deloitte.
La experta atribuye la reforma del Gobierno en el propósito de alcanzar los objetivos del déficit comprometidos con la Unión Europea. "Para ello es preciso aumentar la recaudación tributaria, y se ha buscado como solución el Impuesto de Sociedades para que podamos compensar menos créditos fiscales y anticipar la integración de deducciones de ejercicio pasados", explica Soto, quien añade que "lo primero que se va a ver afectado es la caja de las empresas porque van a contar con menos efectivo".
Entre los participantes en la jornada, que cuenta con expertos de la Agencia Tributaria, el Tribunal Económico Administrativo y distintos empresarios, el director de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Castilla y León, Prudencio Herrero Acebo, ha reconocido igualmente la "incertidumbre y tensión" que la polémica reforma fiscal ha provocado entre las empresas, "especialmente cuando se producen a final de año, como lo ocurrido en 2016 con efectos retroactivos, lo que obligó a tomar decisiones de prisa y corriendo".
Entre las nuevas medidas que va a poner en marcha la Agencia Tributaria y que están suscitando figura el denominado 'Sistema de Información Inmediata', que va a obligar a las empresas a proporcionar información casi cuando se hace el apunte contable, lo que permitirá a la AEAT tener un mayor control sobre el nivel de ingresos y gastos y una mayor fiscalidad, cuestión que ha sido también objeto de análisis en el transcurso de la jornada celebrada en la sede de la CVE.
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