Miles de mineros mantienen a punta de dinamita el control de al menos cuatro carreteras en Bolivia, mientras la Defensoría del Pueblo logró un acuerdo preliminar con la dirigencia del sector para iniciar un diálogo sobre sus demandas, informaron este miércoles fuentes ligadas al conflicto.
Por el momento no se han registrado en esta jornada choques con la policía que el martes dejaron en la ruta La Paz-Oruro un saldo de 17 policías heridos a causa de pedradas o esquirlas de dinamita. Además, un minero perdió la mano a causa de la mala manipulación de explosivos, según el reporte oficial.
Los mineros del sector cooperativo, que piden atención a un pliego rechazado de antemano por el gobierno, ocupan también varios tramos de las rutas principales de Cochabamba (centro) y Potosí (suroeste).
Choques esporádicos ocurridos hace diez días en el mismo sector arrojaron un saldo de al menos 100 policías heridos, a causa de lo cual diez mineros fueron encarcelados preventivamente y por cuya libertad los mineros volvieron a bloquear rutas.
En una gestión de última hora en el lugar del corte, el defensor del Pueblo, Pablo Tezanos Pinto, logró un acuerdo preliminar con los mineros para despejar las vías. "Levantarían las medidas una vez instalada la mesa de diálogo, lo cual es una salida intermedia para que se lleve a cabo sin medidas de presión", dijo en rueda de prensa. "Es una oportunidad que hay que aprovechar", agregó.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, había escrito horas antes a la dirigencia de los cooperativistas que "toda posibilidad de reinstalar el diálogo, será previa suspensión definitiva de las medidas de presión".
El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, deploró en una conferencia de prensa que "otra vez se convoca a bloquear caminos, se agrede a periodistas, se actúa con violencia de forma desmedida y se comunican para utilizar fusiles, se configura en acción política y conspirativa".
Mientras cientos de vehículos y pasajeros están varados en las rutas y los terminales de buses suspendieron los viajes interdepartamentales.
Los mineros cooperativizados, aliados políticos del presidente Evo Morales y que ocupan importantes carteras en el Ejecutivo y curules en el Congreso, exigen la anulación de una ley minera que, según ellos, va contra sus interes.
Según Romero el verdadero fin de las protestas es modificar una ley minera que les impide celebrar contratos de asociación con empresas privadas extranjeras.
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