Las artimañas de la banca para cobrar comisiones en la cancelación de hipotecas

El ansiado momento de estampar la firma que convierte en propietario de una vivienda se agría a un número de consumidores crecientes por una burocracia en auge y costes inesperados, algunos inclusos irregulares. Es el caso de tarifas que algunos bancos han comenzado a aplicar por emitir el certificado de liquidación de hipoteca o desplazar a apoderados a la oficina del notario a la hora de cerrar la transacción, aún cuando son recargos catalogados por el Banco de España como mala práctica financiera.

"Se ha incrementado en el último año o año y medio coincidiendo con el cambio de la banca comercial a una banca de comisión", revelan en la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), donde alertan de que la entidad llega a aplicar tasas de 100 o más euros. "Es una cantidad desproporcionada y no es ético que una persona que lleva 40 años con el banco e hipoteca deba pagar cuando la cancela porque salga de la oficina el apoderado a firmar durante quince minutos", denuncia.

“Los bancos nunca se habían negado a mandar un apoderado a la notaría para recibir el cheque y dar por cancelada la hipoteca. Al contrario, les venía bien pues se aseguraban de coger el dinero y que no se lo llevara el vendedor. Sin embargo, en los últimos meses nos están llegando quejas, sobre todo de los bancos fusionados o de aquellos pueblos donde han cerrado oficinas”, coincide la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez.

A juzgar por el decálogo donde el departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España compila quejas, sobre todo cuando el cliente lleva la razón, y establece pautas sobre qué hacer y no, cruzan una raya roja. En su memoria de actividades, subraya que el artículo 82 de la Ley Hipotecaria deja claro que “las entidades no están legitimadas para el cobro de importe alguno por la simple emisión de un certificado de cancelación económica de la deuda ni, alternativamente, por su comparecencia en la notaría si la declaración de cancelación de aquella deuda se incorpora en escritura pública”.

El cliente tiene la opción de contratar el servicio de gestoría del banco para ahorrarse paseos a notaría y registro y toda las molestias de las gestiones previo pago; o hacerlo por su cuenta con los documentos facilitados gratuitamente por la entidad -certificado cero, donde consta que su vivienda ya está libre de cargas; o certificado de deuda, donde consigna el préstamo pendiente de saldar; ambos imprescindibles para cerrar la operación- con la comparecencia, sin coste, del personal del banco.Una bolsa relevante de reclamaciones

Aún así, el organismo reconoce en la ‘Memoria de Supervisión 2016’ que a su ventanilla llegan quejas por cobros en la emisión del documento y el desplazamiento del empleado. Y aunque no cifra la casuística, alerta de la “especial relevancia” que suponen las reclamaciones relacionadas “con la liquidación de los préstamos hipotecarios” en el mar de conflictividad asociado desde siempre al crédito y que desde 2013 copan las denuncias sobre cláusulas suelo que impiden beneficiarse del desplome del euríbor con ahorros en las cuotas de amortización.

Los planes de austeridad para mejorar la cuenta y que están detrás del cierre masivo de sucursales abandonando algunos municipios, la creación de nuevas comisiones para compensar el negocio que flaquea, junto a la subcontración de la gestión hipotecaria y la dificultad para encontrar contratos no digitalizados en entidades desaparecidas dentro de los grupos conformados por las fusiones son los últimos responsables también de un auge en los problemas.

“Nos encontramos con mucha gente que pagó su hipoteca religiosamente, sin realizar la cancelación porque no es obligatoria. Al vender necesita el certificado cero de cancelación y ahí empieza la odisea si el banco no aparece, algo que se está generalizando. El vendedor tiene que ir una, dos, cuatro veces a pedirlo a la sucursal. Un viacrucis que tarda dos o tres semanas y mientras, todo firmado y el notario esperando porque no puede registrar la operación ni cerrarla sin el certificado”, explica un ejecutivo de una conocida gestora de venta de inmuebles. “Problemas con los certificados suelen presentarse en el 70% de las operaciones porque ni siquiera llegan bien cumplimientados para el adecuado registro de la operación”, agrega.Foco de problemas al multiplicarse las ventas

“Esta problemática, que es antigua, se ha generalizado porque, entre otras cosas, se han quintuplicado el volumen de ventas de casas. Va a convertirse en el nuevo foco de disputas para la banca”, refieren en otra firma inmobiliaria. Sería un traspiés cuando precisamente el sector está preocupado por recuperar el profundo deterioro sufrido por su imagen con la elevadísima judicialización originada por la inadecuada venta de productos -cláusulas suelo, preferentes, el IRFH que sustituye al euríbor en algunos préstamos, etc-, el revés con la salida a bolsa de Bankia o los millones en ayudas irrecuperables en cajas mal gestionadas.

Para mejorar la deteriorada imagen el propio sector reconoce que es clave sofocar el raudal de querellas y reclamaciones. Sin embargo, el Banco de España ha dado toques recientes porque sus departamentos desoyen las pautas de buenas prácticas. Las entidades perdieron el pasado año en el 70,3% de las resoluciones emitidas por el Supervisor en favor de las pretensiones del cliente o bien por allanamiento de la entidad cuando el expediente llegó a su ventanilla para evitar salir señalada.

Las resoluciones judiciales sobre cláusulas suelo han permitido que el número de quejas que llegan al Banco de España caigan en los últimos años. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2017 su cómputo alcanzaba unas 8.000 nuevas, que de continuar a lo largo del ejercicio llegará a los 30.000 requerimientos para todo 2017. Detrás del nuevo brote la generalización de las peticiones a entidades para la devolución de los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios. Los nuevos problemas en la compra venta y su liquidación, cuando menos, abren nuevos focos de descontento.