En un comunicado, la OCU señala que retirar la normativa que obliga a facilitar los acuerdos entre operadores de red y operadores móviles virtuales supone "un paso peligroso para los consumidores", ya que esta desregulación pone en riesgo la actual competencia del sector, en un periodo de evidente reconcentración.
En su opinión, la CNMC dibuja un panorama "excesivamente positivo" de la competencia en el sector cuando alude a la existencia de más de 30 operadores móviles virtuales que ha ido llegando a acuerdos con los diferentes operadores de red, ya que los pertenecientes a Movistar, Orange y Vodafone facturaron casi el 50% de los ingresos de OMV en 2016.
En este sentido, añade que la cuota de los operadores alternativos a los que pertenecen a Movistar (Tuenti), Vodafone (Lowi y ONO), Orange (Simyo y Amena) y Masmovil (Yoigo, Happy Móvil y Pepephone) es "marginal" y tan sólo los operadores de cable regionales tienen relevancia en su territorio.
En este escenario, la Organización de Consumidores y Usuarios considera que la desregularización podría "poner aún más en riesgo" la competencia en este mercado y afectar por extensión al resto de mercado de la telefonía.
La asociación recuerda además que para llegar a los acuerdos actuales fue necesario el desarrollo normativo ante las evidencias de bloqueos por parte de los operadores de red, que se revivió recientemente con la entrada en juego del 4G, que los operadores de red retrasaron o directamente bloquearon, obligando a algunos operadores virtuales a tener que romper sus acuerdos vigentes para buscar mejores alternativas, con el consiguiente perjuicio para sus clientes y para los consumidores.
Igualmente, considera que la competencia actual se ha visto "drásticamente comprometida" con la concentración de la oferta de telecomunicaciones, lo que ha hecho perder opciones de precios y servicios diferentes al consumidor al estar los principales operadores alternativos en manos de los operadores de red.
Por todo ello, la OCU pide al gobierno y a la administración competente que no acepte la propuesta de la CNMC o, en el peor de los casos, que se valore retrasar temporalmente esta normativa a un momento en el que la competencia en el sector pueda asegurarse.
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