El expresidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, y los representantes legales de la compañía ratificaron ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que los pagos que se realizaron a sendas empresas en Panamá y Suiza por 2,5 millones de dólares, dentro de la operación de adjudicación del contrato del Tranvía de Navalcarnero, están debidamente contrastados en su contabilidad interna con dos facturas.
Según señaló la empresa en su declaración del pasado mes de mayo y reiteró ayer, se trata de operaciones “que aparentemente corresponden a transacciones normales dentro del tráfico ordinario de nuestras empresas, y no hay ningún indicio de que pudieran estar relacionados con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo”.
La investigación señala a la constructora por haber pagado supuestamente 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), por la adjudicación del tren de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero (Madrid), una obra que nunca se terminó. El contenido de la declaración no ha trascendido al estar secreta la investigación, pero fuentes de OHL negaron que la compañía hubiera recibido ningún trato de favor.
El empresario declaró durante dos horas tras las cuales, el fiscal del caso, Carlos Iáñez, no solicitó ninguna medida cautelar. En el pago de esa comisión, que se habría realizado a través de una cuenta en Suiza del financiero Adrián de la Joya en 2007, también habría participado su yerno, Javier López Madrid, imputado en el caso Lezo junto a su suegro.
Frente a esa versión de la investigación, la empresa señala que los pagos se hicieron a una empresa llamada Lauryn Group, domiciliada en Panamá, y a una cuenta en el Anglo lrish Bank, en Suiza. “Dichas transferencias –señaló la empresa- están debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes facturas de soporte”.No hubo trato de favor
La constructora asegura que, tras recibir un requerimiento de información de la UDEF, abrió una investigación interna para investigar el presunto pago.
"Del examen de los antecedentes que obran en OHL en relación con el proyecto se deriva con claridad y rotundidad que no hubo ningún tipo de indicio de trato de favor en la adjudicación y desarrollo de este proyecto", aseguran desde la compañía.
Esas mismas fuentes afirman que la empresa "no recibió exceso de puntuación" conforme a criterios “subjetivos”, en los que quedó segunda. Sin embargo, fue la primera en criterios objetivos al presentar la mejor oferta en términos de asunción de riesgos y condiciones de reequilibrio”, siempre según la compañía.
De hecho, OHL reclama 370 millones a la Comunidad de Madrid por la inversión ejecutada y los daños y perjuicios sufridos.
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