Según indica Ciudadanos en una nota, el portavoz económico de la formación naranja en la cámara andaluza, Carlos Hernández, ha lamentado en este sentido que "las subcontratas de los proveedores de la administración suelen ser pymes que sufren unos periodos de pagos inasumibles en muchos casos y que se ven abocadas al cierre", mientras que los "proveedores sí cobran periodos razonables de acuerdo con la legislación vigente".
Por ello, el dirigente de Ciudadanos ha exigido a la Junta que "ponga coto a este tipo de prácticas", ya que desde 2015 las administraciones tienen la facultad de exigir a sus proveedores la relación de sus suministradores y las formas y plazos en las que realizan sus pagos. "Sólo falta que la Junta de Andalucía lo aplique", ha añadido Hernández.
"Hay grandes empresas, contratistas de la Administración, que pagan a sus proveedores en plazos de 160 días de media. Ello ahoga financieramente a pymes que son rentables, pero no pueden asumir el tener que financiar a su cliente. Son unas prácticas abusivas que hay que atajar, y la Junta de Andalucía puede hacerlo", ha finalizado el portavoz económico de Ciudadanos.
LA INICIATIVA
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Cs pide a Junta que compruebe con todas las herramientas que tiene a su alcance el estricto cumplimiento de los pagos que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministrados que participen en los contratos.
Todo ello mediante la aportación por parte del contratista de la relación de personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato junto con aquellas condiciones de su contratación o suministro de cada una de ellas con información del plazo de pagos en cada caso.
Y también mediante los justificantes de cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradoras de la persona contratista una vez terminada la prestación dentro de los plazos legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, en lo que sea de aplicación.
Ciudadanos también demanda a la Junta que dé uso y cometido a la Comisión de Seguimiento y Control constituida el pasado 3 de marzo como herramienta de seguimiento y control de la aportación de cláusulas sociales y ambientales.
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