El diario El País avanzó en su versión digital que la decisión deriva de conversaciones mantenidas en las últimas semanas por los Ministerios de Defensa y de Hacienda, al que pertenece la SEPI, aunque fuentes de SEPI consultadas por Europa Press eludieron hacer comentarios sobre este asunto.
Las investigaciones comenzaron en 2012 cuando las autoridades luxemburguesas dieron la voz de alarma a España al preguntar por una transferencia de 41 millones de euros realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto 92, ésta última firma dedicada a la comercialización de armas.
El dinero, según la investigación judicial, formaba parte de una comisión de 70 millones de euros que los responsables de la UTE habían desviado a distintos paraísos fiscales tras firmar un contrato con Angola por 152,9 millones en 2008.
El fiscal anticorrupción Conrado Sáez abrió diligencias tras el aviso de Luxemburgo, aunque el caso no se judicializó hasta junio de 2014, cuando recayó en el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que señaló como principales imputados al responsable de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto, y varios directivos de Defex.
Defex forma parte de SEPI, grupo empresarial público presidido por Pilar Platero Sanz, que el pasado mes de diciembre sustituyó a Ramón Aguirre. En su Consejo de Administración están representados el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Defensa.
Su objetivo social es la promoción y exportación de bienes y servicios españoles. Asimismo, detecta oportunidades comerciales de negocio para los bienes y servicios españoles a través de su red comercial internacional y realiza su misión a través de licitaciones internacionales y programas directos de colaboración con instituciones públicas y privadas.
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