2.075.223 millones de euros. Es el agujero negro que lastra las cuentas negativas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y Sociedades Dependientes (Grupo SEPI), que perdió a cierre del ejercicio pasado 151 millones. Un total de diez compañías de las que el Estado forma parte de su accionariado de manera total o parcial cuentan con una situación complicada a cierre del ejercicio de 2016. Ante esta situación, la Sociedad pública estatal ha tenido que inyectar liquidez, conceder préstamos, avalar o provisionar partidas para evitar la disolución de estas compañías, en algunos casos.
La aportación más destacada al agujero de la SEPI proviene de Hunosa, Hulleras del Norte S. A. El Estado tiene que correr con los costes derivados que un ERE pactado en 2014 entre la dirección y los sindicatos. Así, a 31 de diciembre del año pasado, los costes derivados de las disminuciones de plantilla y costes sociales conexos que se contemplan en el acuerdo ascienden a 1.190.227.000 de euros, según consta en el Informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas de 2016 realizado por la Intervención General de la Administración del Estado a través de la Oficina Nacional de Auditoría.La delicada situación de Navantia y la agencia EFE
La naviera Navantia se encuentra, por su parte, en una situación crítica. El informe de auditoría destaca que "el patrimonio neto a efectos mercantiles de la Sociedad Dominante del Grupo Navantia se sitúa en 23.393.000 de euros a 31 de diciembre de 2016 y, por tanto, en situación patrimonial de disolución". Debido a esta situación previa a la extinción, la SEPI aprobó el pasado 15 de marzo la concesión de un préstamo participativo a la compañía de 90 millones de euros. Esto ha evitado que Navantia se encuentre en situación de disolución, por lo que "durante el ejercicio 2017 la sociedad tendrá que tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial". Por este motivo la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal viajó el pasado mes de junio a Australia para impulsar un contrato por el que Navantia construiría nueve fragatas para la Armada 'aussie'.
La situación de EFE también es delicada. La agencia de noticias pública presenta unos fondos propios inferiores a la mitad del capital social por lo que deberá adoptar en los próximos meses medidas de recortes o de incremento de los ingresos, se puede leer en el informe. Añade que existe "una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento". EFE recibió en mayo de 2017 una aportación de 5,4 millones de euros para compensar sus pérdidas. Otras compañías en pérdidas que han recibido aportaciones en 2016 son Hunosa (175.516.000 euros), Izar (40 millones) y Cofivacasa (36.560.000 euros).
La llamada "Provisión de cartera" es otro de los aspectos que provocan el agujero en las cuentas de la Sociedad presidida por Pilar Platero. Se trata de un provisión que trata de ajustar el coste de adquisición de sus participaciones no cotizadas al valor teórico que se deduce de su participación en el patrimonio neto. Así, en los casos en los que el patrimonio neto es negativo, la Sociedad realiza una "Provisión por reintegro patrimonial" que a 31 de diciembre de 2016 ascendió a 527.741.000 de euros en total. En ese apartado Navantia recibió 325.279.000 euros, Izar 185.690.000, Alestis Aerospace 8,5 millones, la agencia EFE 7,6 millones y Cofivacasa 575.000 euros.
Otras empresas públicas en situación delicada son DEFEX, que ya ha iniciado los trámites para su disolución; el Hipódromo de la Zarzuela, "en pérdidas significativas" (8.000 millones) y con previsión de que continúen en este ejercicio; Mayasa, cuyos fondos son inferiores a los dos tercios del capital social; y la citada Cofivacasa, a la que se destinó una aportación de 3.579.000 euros para evitar que quede en causa de disolución.
El informe de la Intervención General del Estado realiza una mención especial a Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A., (MERCASA), la sociedad salpicada por la Operación Lezo. En el documento se reconoce que no se han podido evaluar los efectos del caso de corrupción en las cuentas anuales. Hay que recordar que tras la detención de Ignacio González por la UCO de la Guardia Civil, el presidente Eduardo Ameijide dimitió y fueron cesados la secretaria general, el director de Estrategia y Operaciones y el director adjunto al presidente por encontrarse en situación de investigados.
En los Presupuestos Generales de 2017 se concede a la SEPI una aportación de 1.210 millones para avalar a sus diferentes empresas, una cifra idéntica a la de 2016. El Gobierno, además, prevé que la Sociedad estatal acabe el año en pérdidas, con un resultado negativo de 149 millones.
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