Al apelar a estas "debilidades" en un informe acerca de la regulación de las actividades de transporte y distribución en España, S&P indica que "por ley las tarifas para los operadores de transporte de gas y electricidad no están vinculadas al IPC".
Otros puntos débiles son, desde su punto de vista, "la ausencia de un regulador independiente", "el déficit de tarifa remanente en el sistema" y "la sensibilidad de los distribuidores y transportistas de gas hacia los volúmenes de gas".
En todo caso, el informe hace énfasis en que el entorno regulatorio ofrece "características consistentes con una ventaja regulatoria adecuada y fuerte".
Los operadores de gas y de electricidad se benefician, según dice, de unos marcos regulatorios recientemente establecidos que se asimilan a los de un sistema "maduro" y en el que las condiciones se definen cada seis años de forma "transparente".
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