El Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido reclamó al tribunal europeo con sede en Luxemburgo, vía pregunta prejudicial, que aclarara la validez de las medidas restrictivas aprobadas contra Rosneft por la UE y Reino Unido y si el Gobierno británico podía imponer sanciones penales antes de que el Tribunal de Justicia se pronunciase sobre el alcance de las sanciones de la UE.
También le reclamó que aclarara si las sanciones afectan al procesamiento de los pagos por parte de los bancos y la prohibición de emitir certificados internacionales de títulos de acciones anteriores a la adopción de las sanciones.
El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que el Consejo "motivó suficientemente" las sanciones y que dada "la evolución progresiva de la intensidad de las medidas restrictivas adoptadas en respuesta a la crisis ucraniana, debe considerarse que la injerencia en la libertad de empresa y el derecho de propiedad de Rosneft no resulta desproporcionada" y, por tanto, las "consecuencias negativas" para la compañía pueden justificarse a la luz de "los objetivos" perseguidos por las sanciones, cuyo objetivo era aumentar el coste de la intervención rusa en Ucrania.
Los Veintiocho aprobaron dos rondas de sanciones económicas en julio y septiembre de 2014 contra Rusia por su intervención en Ucrania, entre ellas, restricciones en determinadas operaciones financieras y de acceso de determinadas entidades rusas al mercado de capital, entre ellas a Rosneft, así como la prohibición de prestar servicios necesarios para determinadas operaciones petrolíferas y de exportación de determinados productos y tecnologías sensibles.
El Tribunal de Justicia europeo también ha aclarado que los Estados miembros pueden imponer sanciones penales para garantizar la aplicación del reglamento europeo de las sanciones antes de que se pronuncie el Tribunal de Justicia.
Por lo que se refiere al procesamiento de los pagos por parte de los bancos, el Tribunal de Justicia de la UE precisa que no están afectados por las sanciones, dado que las sanciones no buscan "una inmovilización de activos ni restricciones en materia de transferencia de fondos" y en cambio aclara que las sanciones sí prohíben de forma la emisión de certificados internacionales de acciones emitidas antes de la adopción de las mismas.
LAS SANCIONES ECONÓMICAS
Las sanciones europeas, que ha vuelto a ser prolongadas por los Veintiocho en diciembre seis meses más, hasta el 31 de julio, restringen el acceso al mercado de capitales de cinco bancos propiedad del Estado ruso --el Sberbank, el VTB Bank, el Gazprombank, el Vnesheconombank (VEB) y el Rosselkhozbank--, así como a sus filiales fuera de la UE y a aquellas que actúan en su nombre o bajo su control.
También se restringió la financiación a tres compañías petroleras --Rosneft, Transneft y Gazprom Neft, filial petrolera del gigante de gas ruso-- y a otras tres compañías de defensa rusas: las empresas de helicópteros y aviones de combate OPK y United Aicraft Corporation y el fabricante de tanques Uralvagonzavod.
En virtud de las sanciones, ni las empresas europeas ni los ciudadanos europeos pueden comprar o vender nuevos bonos, capital de riesgo o instrumentos financieros similares con una madurez superior a los 30 días emitidos por estas empresas y también se prohíbe prestarles servicios financieros como el brokering. Tampoco se pueden dar préstamos a las cinco entidades financieras rusas.
Las sanciones también incluyen un embargo a la importación y exportación de armas y material relacionado para Rusia --nuevos contratos-- y la prohibición de exportar bienes y tecnologías de uso dual, civil y militar, para uso militar en Rusia, a militares rusos y a nueve compañías de defensa mixtas.
Los Veintiocho también endurecieron la exportación de determinados equipos y tecnologías clave para el sector energético ruso, sometiéndolas a un régimen de autorización previo por los Estados miembros y acordaron denegar las licencias de exportación para equipos destinados a la exploración y producción de petróleo en aguas profundas, petróleo de esquisto y exploración de petróleo en el Ártico.
También prohibieron los servicios asociados como los servicios de perforación o pruebas en pozos, cortes y servicios de acabado y el suministro de buques flotantes especializados.
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